En sesión solemne, el Congreso capitalino emitió la Declaratoria de Vigencia Aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares de la Ciudad de México, y detalló los plazos para su entrada en vigor.
Al iniciar los posicionamientos, el diputado Víctor Hugo Lobo Román (Asociación Parlamentaria Democrática Progresista) resaltó que las disposiciones del nuevo código representan un cambio significativo para el derecho mexicano, al unificar las reglas procesales establecidas para las 32 entidades federativas, y modernizan el sistema de justicia de procedimientos civiles y familiares, al incluir principios innovadores como el interés superior de la niñez y juzgar con perspectiva de género y equidad.
El legislador Carlos Joaquín Fernández Tinoco (Asociación Parlamentaria Ciudadana) recordó que con esta declaratoria se pretende unificar los procedimientos judiciales bajo tres ejes que modifican criterios, simplifican trámites y brindan mayor transparencia, los cuales se traducen en beneficios a la población, por lo que al Congreso local le toca consolidar estos cambios.
Al referirse a la importancia de estos cambios históricos en el acceso a la justicia, el congresista Jorge Gaviño Ambriz (Asociación Parlamentaria Izquierda Liberal) argumentó que con esta aprobación se ponen en marcha, de forma gradual, procesos donde se privilegia la oralidad y se aprovecha la tecnología para lograr juicios más
expeditos, abiertos y accesibles, para una impartición cercana a las personas; y resaltó que para su implementación se requiere capacitación y una importante labor legislativa.
La diputada Xóchitl Bravo Espinosa (Asociación Parlamentaria Mujeres Demócratas) consideró que este nuevo código impactará positivamente en la vida de la población de la capital y el país, al brindar seguridad jurídica a las entidades y contribuir a la cohesión social, estabilidad interinstitucional y desarrollo democrático de la sociedad. “Asegura que nos acercamos a una nación donde todas las personas sean tratadas con dignidad y respeto, independientemente de su origen, su género o su condición socio económica”, afirmó.
En su oportunidad, el diputado Javier Ramos Franco (Asociación Parlamentaria Alianza Verde Juntos por la Ciudad) consideró que la implementación de este código significa un gran avance para consolidar un sistema de justicia más robusto y cercano a la población.
La congresista Circe Camacho Bastida (PT) aseguró que con esta reforma se unifican los procedimientos judiciales en materia civil y familiar a nivel nacional, se priorizará la justicia oral, el reconocimiento de la vulnerabilidad de las partes, y el uso de la justicia digital y alternativa; para ello, el Congreso local deberá “dotar de los recursos necesarios para hacer efectivas las disposiciones del Código Nacional, así como para hacer los ajustes normativos correspondientes”.
La diputada Polimnia Romana Sierra Bárcena (PRD) señaló que la declaratoria del código busca fortalecer, unificar y agilizar los procedimientos en materia civil y familiar, con el objetivo de otorgar mayor certeza para las personas que reclamen justicia.
Por su parte, la diputada Guadalupe Barrón Hernández (PRI) destacó que esta declaratoria impacta directamente en la vida de las personas, ya que las materias civiles y familiares están relacionadas con asuntos comunes y cotidianos, lo que da a la ciudadanía un potencial para proteger sus derechos y evitar hechos violentos.
El legislador Federico Chávez Semerena (PAN) subrayó que este nuevo marco legal ha sido un esfuerzo colectivo y colaborativo que refrenda el compromiso con la equidad y el desarrollo social, impulsando la eficiencia, simplicidad y transparencia en el acceso a la justicia, promoviendo medios alternativos de resolución de conflictos y una atención especial a grupos vulnerables, lo cual requiere una adaptación rápida de la ciudadanía y las personas que integran las instituciones.
El diputado José Octavio Rivero Villaseñor (MORENA) afirmó que la justicia debe ser el valor supremo de todas las sociedades y el fundamento de toda acción del Estado, y que la homologación legislativa del sistema jurídico y sus procedimientos permite “robustecer, unificar y agilizar el tema de impartición de justicia en todo el país, y poder brindar a las y los ciudadanos una mayor seguridad y certidumbre jurídica en los procedimientos de orden civil y familiar”.
