El grupo Taxistas Organizados de la Ciudad de México presentó esta mañana ante la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJ-DF) una denuncia por omisión en contra del secretario de Movilidad (Semovi), Rufino H. León Tovar y las empresas propietarias de las aplicaciones Uber y Cabify, así como contra las más de 50 mil unidades piratas que circulan en el Distrito Federal y representan pérdidas económicas diarias superiores a los 24 millones de pesos.

Posteriormente los prestadores de transporte público se trasladaron con más de 80 unidades a la Secretaría del Medio Ambiente local (SEDEMA) para clausurar sus instalaciones en protesta por el doble Hoy No Circula, ante la próxima publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal de la nueva normatividad que reducirá el horario de circulación a las unidades anteriores a 2009.
Ignacio Rodríguez solicitó a la secretaria del Medio Ambiente, Tanya Müller García, una respuesta seria y responsable ante las quejas de los concesionarios que están siendo afectados por la ampliación del programa que impide a los taxistas circular los sábados, además de ser objeto de sanciones hasta por 24 días de salarios mínimos e incluso sufrir el retiro de placas por parte de los Ecoguardas.
“Estas disposiciones representan otra carga al sector, que ya ha sido duramente golpeado por esta administración. Dejamos de circular 5 días al mes, tenemos un cumplimiento para no afectar la calidad del aire y no pueden afectarnos aún más con esta restricción para circular” afirmó.     
Frente a la PGJDF los denunciantes afirmaron en voz de Daniel Medina que la autoridad competente ha dejado de aplicar por años las normas existentes y en el caso de Uber, que trabaja desde agosto del año pasado, le han permitido violentar la actual Ley de Movilidad que en su Artículo 258 dice a la letra que “comete el delito de transportación ilegal de pasajeros o de carga, el que sin contar con la concesión o permiso expedidos por la Secretaría para tales efectos, preste el servicio público, privado o mercantil de transporte de pasajeros o de carga en el Distrito Federal”.

A nombre de 10 mil concesionarios reclamaron a la Semovi que no haya actuado en contra de estos servicios, que imponen tarifas por cuenta propia, usurpando la función del Estado de establecer los cobros en beneficio de los usuarios. “Parecen confeccionarles un traje a la medida a los piratas porque no sólo existe omisión por no aplicar la ley, sino que da la impresión de colusión por parte del secretario de la Semovi porque ahora está buscando la forma de poder darles entrada, contrario al alto que les han puesto en otros países”, afirmó Daniel Medina. 

De igual forma, destacó que en Alemania, Francia, Colombia, Bélgica, Países Bajos (Holanda) y estados de la Unión Americana como Nevada, las empresas que han utilizado esas apps fueron sancionadas y sacadas de circulación, en contraste en México estos piratas parecen contar con el respaldo de las propias autoridades que mientras no actúen en su contra, permiten que estas empresas, que opera desde un paraíso fiscal en los Estados Unidos, se fortalezcan.

El vocero de los Taxistas Organizados señaló que de hecho en Nueva Delhi fue suspendido el servicio de estas aplicaciones, el pasado domingo por una violación a bordo de uno de esos vehículos y en Madrid, ayer también los suspendieron porque la empresa no cumple los requisitos relacionados con las licencias de transporte público y tarifas y que por eso puede estar violando la Ley de Competencia Desleal.

Recordaron que el propio León Tovar declaró a un medio de comunicación de circulación nacional, el pasado 30 de octubre, que quienes utilizan las aplicaciones Uber y Cabify para dar el servicio de transporte público están fuera de la ley, “todo vehículo que no tenga placas y no tenga cromática es pirata y estos vehículos no lo tienen”. 

Además de ser contra León Tovar, la denuncia es también contra UBER México y su Director General Rodrigo Arévalo, Cabify México y su CEO Edgardo Rivera Torres, y/o todo aquel quien resulte responsable por la prestación ilegal del servicio público de transporte de pasajeros, al realizarse este sin cumplir con los requisitos que impone la Ley de Movilidad del Distrito Federal, que son más de 50 mil vehículos que prestan el servicio en seis distintas modalidades que se han dado en llamar piratas, entre las que se encuentran el rural, el cromatizado con placas particulares, los llamados ejecutivos del DF y Metropolitano y los mototaxis, bicitaxis y golfitaxis.