La violencia contra las mujeres es un problema cultural y la comunicación política no queda exenta de transmitirla, pues los mensajes explotan las debilidades de las mujeres, expuso la  magistrada de la Sala Regional Especializada del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Gabriela Villafuerte Coello.

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer, organizada por el Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF), Villafuerte Coello ofreció la conferencia magistral “Comunicación Política con Perspectiva de Género”.

Durante su ponencia, la magistrada alertó que en la propaganda política y las campañas electorales también está presente la discriminación y desigualdad de género, pero en muchos casos es sutil, por lo cual es difícil identificarla. 

 “Lo que se necesita para acortar esta brecha de desigualdad es que visibilicemos todas las formas sutiles, sospechosas, de desigualdad. Esas son las que tenemos que advertir y poner en alerta todas las neuronas para que sepamos en dónde hay violencia”, expresó Villafuerte Coello, quien estuvo acompañada del consejero electoral, Carlos González Martínez.

Durante el acto conmemorativo en la sede del IEDF, la Subdirectora de Desarrollo Organizacional de la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), Ericka Escobar Bárcenas, presentó el “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”.

En su exposición, Escobar Bárcenas explicó que, en materia político-electoral, hay 3 acciones con las cuales suelen violentarse los derechos de las mujeres, los cuales son investigados y atendidos por la FEPADE.

Dichas faltas son la intimidación de ellas como electoras, la obstaculización de sus funciones electorales y no permitir el desempeño del cargo para el que fueron electas, lo cual está establecido como delitos electorales.

Entre las acciones más comunes de ejercer violencia contra las mujeres en el ámbito público, ejemplificó Escobar Bárcenas, está el registrarlas exclusivamente en distritos perdedores; registrarlas en candidaturas simuladas para que después renuncien a favor de hombres, y distribuir de manera inequitativa los recursos para campañas.

También son violentados sus derechos con la inequidad en los tiempos de radio y televisión; mediante el acoso, ataques físicos y violencia sexual; así como a través de amenazas  cuando llegan a ocupar cargos públicos.

En el caso de amenazas a mujeres en cargos públicos, la funcionaria de la FEPADE abundó que actualmente en la fiscalía hay 50 investigaciones en curso relacionadas con ese tipo de delitos.

Escobar Bárcenas reconoció que la violencia contra las mujeres en el ámbito político electoral es un tema complicado, debido a que no hay un tipo penal para imponer sanciones a los violentadores.

“Nosotros desde ámbito electoral estamos trabajando por generar un tipo penal para que sí exista una sanción, cuando hay una persona que se cree con el poder, el valor o el derecho de ejercer violencia e impedir las acciones políticas y funciones políticas como tal de las mujeres, justo en el ámbito que tiene que ver con una función política pública, en cualquiera de sus ramas”, enfatizó.

No obstante, abundó, mediante el  “Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres”, la FEPADE busca orientar a las instituciones ante ese problema; facilitar la implementación de las obligaciones internacionales relacionadas con ese tema y construir y fomentar la igualdad, no discriminación y la no violencia en los espacios político-electorales.

Para aplicar el referido protocolo, la fiscalía cuenta con una ruta crítica con la cual recibe las denuncias correspondientes, ya sea a través del FEPADETEL; la comparecencia, es decir, cuando las víctimas presentan personalmente la querella ante el Ministerio Público; la FEPADENET, esto es, vía internet; y la FEPADEMÓVIL, mediante la cual los denunciantes envían videos en tiempo real de las irregularidades registradas principalmente en procesos electorales.