Con argumentos y planteamientos plenamente justificados y acreditados, los priístas demandamos la nulidad de la elección judicial, promoviendo un juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano y por vulnerar el principio de legitimidad de las elecciones y el sistema democrático del país, al registrarse un porcentaje de votación válida ciudadana de alrededor del 12 por ciento, de lo cual deriva la invalidez de sus resultados con fundamento en principios constitucionales. 

El presidente del Comité Directivo del PRI en la Ciudad de México, Israel Betanzos Cortes, precisó que el recurso de impugnación presentado por el dirigente nacional del partido, Alejandro Moreno Cárdenas, se sustentó en la evidente vulneración de principios constitucionales de certeza, legalidad y legitimidad, respecto de la elección del pasado 1 de junio y la protección al voto libre y secreto de los ciudadanos. 

Señaló que la creación, elaboración, difusión y entrega de los llamados “acordeones” enmarcaron la publicidad de propaganda electoral indebida que transgredió la integridad de todo el proceso, al violentar la libertad del voto y generar un contexto de inequidad en la contienda. 

Estas acciones, añadió, incumplieron los valores constitucionales que tutelan el derecho de las y los mexicanos a votar en elecciones libres y auténticas, con piso parejo. Aunado a lo anterior, dijo que la baja participación ciudadana fue consecuencia directa de irregularidades graves y de la falta de condiciones que hubiesen garantizado el ejercicio libre y seguro del sufragio por parte de la ciudadanía. 

Betanzos Cortes afirmó que, en tales circunstancias, la única salida para garantizar la prevalencia de la Constitución y el Estado de Derecho es declarar la nulidad del proceso electivo “Lo anterior, en estricta aplicación de nuestra Carta Magna y las leyes electorales que facultan expresamente al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para declarar la nulidad de una elección cuando se acrediten irregularidades graves, dolosas y determinantes, lo cual debería dar cauce a la reposición íntegra de la elección en condiciones de equidad y libertad”.