Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

Concluido el juicio de amparo contra Miguel Ángel Mancera y varios integrantes del Gobierno capitalino, la administración central está obligada a pagar un monto de 99.2 millones de pesos (mdp) a los afectados por la construcción de la Línea 12 del Metro antes del 13 de mayo. La resolución contradice de manera contundente lo dicho por el jefe de Gobierno, el Metro y la Consejería Jurídica.

Carlos Hugo Luna, juez décimo de Distrito en materia Administrativa del Distrito Federal, determinó que como conclusión del juicio de amparo 246/2014 contra Miguel Ángel Mancera y demás encargados del Gobierno del Distrito Federal (GDF), los implicados se sujetarán a penas de entre 5-10 años de prisión y multas de entre 70-100 mil pesos en caso de incumplir las resoluciones emitidas. Además, en caso de que se suscite una negativa a cumplir con la sentencia, los burócratas serán sancionados con la destitución del cargo y una inhabilitación de entre 5-10 años para ocupar cargos públicos.

Para evitar la escapada de los funcionarios como en casos recientemente presentados, el juez determinó que aun cuando los servidores públicos renuncien a su cargo, la responsabilidad recaerá sobre su persona toda vez que las fallas contra los afectados se cometieron durante su administración.

Así, los ejidatarios afectados por la superficie explotada de 19 mil 452 metros cuadrados durante la administración de Marcelo Ebrard con el objeto de construir la estación Culhuacán de la Línea 12 del Metro, deberán ser indemnizados conforme al valor comercial del suelo, equivalente a 5 mil 100 pesos por metro cuadrado.

La resolución llega después de que Miguel Ángel Mancera, la Consejería Jurídica y el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro aseguraran en reiteradas ocasiones que todas las deudas con los afectados estaban saldadas. No obstante, el cierre parcial de la Línea Dorada ha permitido que cientos de vecinos de las zonas aledañas denuncien de manera pública afectaciones en servicios de agua potable y en las estructuras de sus hogares que, según han reiterado, han permanecido sin atención alguna por la administración de Mancera Espinosa.