En conferencia de prensa, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, se refirió a las cinco iniciativas que envió al Congreso de la Ciudad de México para reducir la incidencia delictiva, avanzar en la procuración de justicia, homologar leyes locales con las federales y garantizar el Sistema Público de Cuidados en la capital.

“El objetivo de estas iniciativas es construir una Ciudad de México más segura, más justa y más igualitaria; tienen que ver con cerrar vacíos legales, proteger a las víctimas, homologar con leyes federales y también con una nueva ley que sirva para cuidar en la Ciudad de México”, explicó Brugada Molina.

Respecto la Ley del Sistema Público de Cuidados, la mandataria capitalina señaló que busca hacer justicia a las mujeres y consolidar a la capital como la primera entidad del país en contar con una legislación integral en la materia, en cumplimiento del artículo 9 de la Constitución Política de la Ciudad de México y en concordancia con la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que reconoce tres dimensiones: ser cuidado, cuidar y el autocuidado.

Precisó que la iniciativa mandata a las autoridades a crear un sistema con servicios universales, accesibles y de calidad, además de promover la redistribución equitativa de las tareas de cuidado entre géneros, instituciones y sectores sociales. Asimismo, anunció una reforma para sancionar las lesiones por razones de género, con el fin de prevenir y castigar la violencia antes de que escale a feminicidios.

“No vamos a esperar al feminicidio para actuar; hay distintos tipos de violencia de género que deben clasificarse y sancionarse”, subrayó la titular del Ejecutivo local.

Añadió que también se presentaron reformas para fortalecer la protección de las víctimas del delito de despojo, agravar las sanciones en materia de amenazas y homologar artículos del Código Penal local con la legislación federal, con el propósito de mejorar la coordinación institucional frente a estructuras delictivas.

La secretaria de Bienestar, Araceli Damián González, destacó que la Ley del Sistema Público de Cuidados representa un paso fundamental en la consolidación de una política social moderna que coloca el cuidado como un derecho humano y una responsabilidad compartida entre Estado y sociedad.

Explicó que la iniciativa contempla la creación de una Junta de Gobierno encabezada por la Jefa de Gobierno e integrada por las dependencias del Ejecutivo capitalino y organismos descentralizados como el DIF; su misión será delinear y aplicar un plan sexenal de acción del sistema de cuidados.

Damián González añadió que la ley prioriza la atención a las primeras infancias menores de tres años, las personas adultas mayores, con discapacidad, en situación de calle y a sectores históricamente relegados. Subrayó que la propuesta establece un presupuesto al Sistema Público de Cuidados, el cual no podrá ser menor al del año previo y cuya meta es alcanzar la cobertura universal de atención en 2050.

Por su parte, la consejera jurídica, Eréndira Cruzvillegas Fuentes, explicó que el paquete de reformas al Código Penal busca fortalecer la protección a las víctimas y sancionar con mayor severidad delitos como la suplantación de identidad y el despojo, especialmente cuando las víctimas sean adultos mayores, mujeres solteras, personas con discapacidad o integrantes de comunidades indígenas.

Cruzvillegas Fuentes agregó que también se plantean modificaciones al Código Civil, la Ley Registral y la Ley de Notarías para sancionar la simulación de actos de buena fe y el uso irregular de registros y documentos notariales.

En su intervención, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, informó que se propone armonizar la Ley del Sistema de Seguridad Ciudadana local con las recientes reformas federales a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con la finalidad de fortalecer la coordinación institucional, la profesionalización policial y el régimen disciplinario.

Señaló que la propuesta da validez jurídica al Gabinete de Seguridad y Construcción de Paz define criterios en las evaluaciones de control de confianza y responsabilidades del personal, y homologa el delito de asociación delictuosa con su equivalente federal.

Finalmente, la fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Bertha Alcalde Luján, precisó que en las enmiendas propuestas se plantea incrementar las penas por lesiones cometidas por razones de género o prejuicio hacia la orientación sexual o identidad de género, para visibilizar y castigar con mayor severidad este tipo de violencia.

Entre los supuestos se consideran casos con relación afectiva previa, antecedentes de acoso o violencia, expresiones de odio o desprecio, agresiones frente a hijas e hijos menores o en contextos laborales y de trabajo sexual.

Añadió que también se propone reformar el artículo relativo al delito de amenazas, a fin de diferenciar las comunes de aquellas que representan un riesgo real, con agravantes cuando se utilicen armas, existan vínculos con la delincuencia organizada, se trate de amenazas de muerte o sean dirigidas contra testigos.