PROGRAMAS SOCIALES DEL GOBIERNO FEDERAL PERVIERTEN CON ACCIONES ELECTORALES.

Este tipo de hechos no se pueden dejar pasar, pues de confirmarse así, este tipo de actos serían una clara violación a la Ley y pondrían en riesgo la equidad en la realización del proceso electoral en la Ciudad de México.

Por Mara Castro H.

El gobierno federal debe mantenerse fuera de los procesos electorales de los partidos políticos tanto en el Distrito Federal como en el país. La  Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, dependiente de la Procuraduría General de la República debe investigar, y en su caso castigar, a quien corresponda derivado de las denuncias de utilización de recursos del Programa Oportunidades en el DF, señaló Víctor Hugo Romo Guerra, en su carácter  de integrante de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales.

El legislador del PRD convocó a las y los ciudadanos a conformar un observatorio ciudadano que fiscalice que los programas sociales que ofrece el Gobierno Federal no se perviertan con un fin electorero lastimando así la política social. Asimismo, llamó al PAN a sumarse a estas denuncias.

Romo Guerra señaló que se incluye a la denuncia  que varios diputados del Partido de la Revolución Democrática han hecho sobre el  uso del Programa Oportunidades con fines electorales por parte coordinador de dicho programa en el DF, Guillermo Uriel Robles Martínez y a la denuncia que se interpondrá contra Marco Antonio Jasso Zaranda, delegado de la Secretaría de Desarrollo Social en el DF, el diputado local del PAN Rafael Medina y el aspirante a diputado local por el mismo partido, Ernesto Sánchez, quienes presuntamente han condicionado la ayuda en las delegaciones Álvaro Obregón y Cuajimalpa a cambio del voto a favor del mismo Sánchez.

Este tipo de hechos no se puede dejar pasar, por lo que como legislador e integrante de la Comisión de Asuntos Políticos-Electorales, se cree conveniente abrir esta investigación por parte de la FEPADE y Secretaría de la Función Pública, pues de confirmarse este tipo de actos sería una clara violación a la Ley y pondrían en riesgo la equidad en la realización del proceso electoral en la Ciudad de México.