Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

Luego de un sinnúmero de discursos en pro de los exámenes de confianza para los candidatos de elección popular en el Distrito Federal por parte de las autoridades y los dirigentes partidistas, finalmente se adelanta que será el mismo Instituto Electoral del Distrito Federal (IEDF) el que asuma los costos. Los candidatos perredistas por Miguel Hidalgo dicen que ellos pagarán lo propio.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), comprometió a su administración como la ejecutoria de controles de confianza de cara a los comicios electorales del próximo mes de junio. Así, el Centro Especializado en análisis de funcionarios públicos adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del DF (SSP), sería el encargado de llevar a cabo los exámenes a todos los candidatos a puestos de elección popular en la capital del país.

Esta decisión fue planteada por diversos actores políticos luego del sonado caso del alcalde de Iguala Guerrero, José Luis Abarca, quien ha sido ligado al narcotráfico y es señalado como el actor intelectual de la desaparición y asesinato de 43 estudiantes de la Escuela Normal de Ayotzinapa. A tal nivel llegó la preocupación de las voces críticas en el PRD que Eduardo Santillán aseguró que “no habrá Abarcas en el DF”.

Para el caso de la Ciudad de México, el líder del PRI capitalino, Mauricio López, fue el primero de los dirigentes partidistas que asentó la necesidad de controles de confianza para los candidatos, por lo que prometió someter a sus candidatos a tal ejercicio. A partir de ese momento, el secretario de Gobierno, Héctor Serrano, se sumó a la medida como vocero del Gobierno capitalino y, posteriormente, se dio el anuncio en conjunto con el Instituto Electoral.

Sin embargo, al cabo de casi cuatro meses del anuncio de Miguel Ángel Mancera, no existe un acuerdo signado que dé cuenta de avance alguno. Tanto, que han sido los mismos partidos quienes han realizado sus propios exámenes e incluso se han sugerido empresas privadas para tal efecto a falta de un plan del Gobierno capitalino.

Esta falta de avances quedó evidenciada en la pasada comparecencia del titular de la SSP, Hiram Almeida, ante el reducido Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). Al ser cuestionado al respecto, aseguró que no hay un convenio concreto entre ambas partes y, añadió, a pesar del ofrecimiento mancerista, será el mismo IEDF el que asuma el costo de los exámenes.

“Estábamos por suscribir un convenio en el que el IEDF en el que nos pedirá que llevemos a cargo los exámenes de control de confianza y ellos tendrán que hacerse cargo de los costos de los mismos. No quisiera oficializar; estamos en el proceso de la suscripción del convenio y ellos darán a la luz pública el tema cuando sea efectivo” aseveró.

Es decir, que a 21 días de que den inicio las campañas electorales, ningún candidato oficial ha participado de algún ejercicio de análisis ante las autoridades electorales ni encargadas de la seguridad.

Por otra parte, el mismo jefe de Gobierno ha declarado en las dos últimas semanas que los candidatos y sus respectivos partidos podrían someterse a exámenes de confianza por medio de empresas privadas. A tal grado llegaron sus declaraciones en detrimento de su propuesta inicial marcada en diciembre pasado, que dio nombres concretos de las empresas privadas que podrían llevar a cabo tal propósito.

Finalmente, Hiram Almeida secundó de manera implícita al jefe de Gobierno, pues también aceptó que, pese a que la Secretaría a su cargo tiene por encargo velar por la seguridad de los capitalinos, ningún candidato está obligado a someterse a tal ejercicio ni mucho menos hacerlo ante ninguna instancia perteneciente al Gobierno de Mancera Espinosa.

“Nosotros como Centro de Control de Confianza vamos a pro-activar la evaluación, pero quien la solicita o realiza libremente es el partido político o el Instituto Electoral”, sentenció de manera tajante.

Perredistas dicen que ellos se harán cargo de los gastos.

Como informamos, la propuesta inicial para estos controles emanó de la presidencia local tricolor, pero fue secundada por las diversas fuerzas políticas de la Ciudad de México. Incluso el presidente nacional del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA), Martí Batres, quien primero se mostró rehaceo, se sumó a la propuesta al afirmar que debía ser el mismo Gobierno capitalino el encargado.

Al enterarse de lo dicho por el secretario de Seguridad Pública, el candidato a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo, David Razú, así como el delegado con licencia de la misma y candidato a diputado local, Víctor Hugo Romo, aseguraron que ellos mismos se harán cargo de los costos que el examen de control de confianza conlleven.

Mientras tanto, la también candidata a la jefatura delegacional de Miguel Hidalgo abanderada por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Laura Ballesteros, fue la primera legisladora local en anunciar su participación en la iniciativa #3de3. La iniciativa, cabe recordar, busca que los actores políticos hagan del conocimiento público sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de impuestos.