Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

De acuerdo al presidente del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), Martí Batres, la reforma política del Distrito Federal, que se espera sea aprobada esta semana en el Senado de la República, llevará “dedazos” de Enrique Peña Nieto (EPN), presidente de la República, y de Miguel Ángel Mancera Espinosa (MAME), jefe de Gobierno capitalino, toda vez que elegirán de manera directa al 40% de la Asamblea Constituyente.

Convergen críticas a la reforma política del Distrito Federal por parte de actores políticos completamente opuestos. La senadora panista Gabriela Cuevas, quien ha sido una de las voces más críticas de este proyecto que Mancera dice encabezar -aunque históricamente sea un planteamiento panista- ha encontrado eco en la voz de Martí Batres, quien aseguró que “no hay que echar las campanas al vuelo” ante la posible aprobación del proyecto en la Cámara Alta.

Batres señaló que, contrario a lo que señala Manera Espinosa en el discurso, la reforma política podría significar un “retroceso” para la vida política de la capital e implicar sólo lo que el Gobierno local ya implementa, es decir, un simple cambio de nombre constitucional y al Estatuto de Gobierno.

“El método previsto en el proyecto de reforma puede ahogar los anhelos de los capitalinos de contar con una Constitución de avanzada en la Ciudad de México. Este proceso puede terminar en un simple cambio de nombre al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, de estatuto pasaría a llamarse Constitución, sin que se dé un proceso profundo de transformación jurídica de la Ciudad”, comentó.

Esto, en razón de que el actual poder que ostenta la administración que ocupa actualmente Miguel Ángel Mancera, se vería incrementada sobremanera, toda vez que la poca independencia con la que cuentas las jefaturas delegacionales, se vería aún más limitada en lo referente al manejo de recursos y seguridad pública. Al respecto, caber recordar que el jefe de Gobierno busca la aprobación de la reforma y después explicar en qué consiste.

Además de esta renovación y potenciación del centralismo en el Gobierno capitalino –tan criticado por el PRD cuando se encuentra en el campo de la oposición- se suma la falta de una de las banderas distintivas de los Gobiernos de “izquierda”, el referéndum. También en este sentido, el antecesor de Mancera en el cargo, Marcelo Ebrard, aseguró hace pocos días que de existir esta figura legal, el “apartidista” titular del Ejecutivo local no cumpliría con el periodo oficial de seis años en el cargo debido a su falta de popularidad.

Sin embargo, lo que más preocupación ha generado desde inicios de 2014 a los actores políticos implicados en la discusión de esta reforma, es el proceso de constitución de la Asamblea Constituyente. Incluso, en aquel mismo periodo, diputados locales perredistas plantearon la posibilidad de formar parte de ésta una vez terminada la actual VI Legislatura, lo que fue rápidamente descalificado por sus opositores.

Este proceso ha sido planteado varias veces en Comisiones del Senado, teniendo como resultado un número de 100 diputados constituyentes que serán elegidos en un 60% por la población y el restante 40% por los Ejecutivos local y federal. Aunque esta posibilidad permanece en el proyecto de decreto que aún se analiza, Batres aseguró que esta normativa no puede traducirse sino como “dedazos” del presidente y el jefe de Gobierno.

Reforma política, “no hay nada aquí para los ciudadanos”

La senadora panista Gabriela Cuevas, quien ha sido una de las voces más críticas en contra de lo que ha llamado “una reforma entre políticos”, aseguró que “no hay un cambio real para darle mayores potestades a la ciudadanía, no hay nada aquí para los ciudadanos”.

“Sí hay una parte de simulación donde claramente no se trata de un verdadero federalismo en el sentido de que realmente no es el Estado 32. Ni se vuelve un estado 32, ni las delegaciones se convierten en municipios ni va a haber mayor autonomía por parte de las alcaldías”, comentó respecto de las nulas atribuciones en materia presupuestal y de seguridad contempladas para las actuales jefaturas delegacionales.

Aseguró que se debe buscar reducir el control político que ostenta el jefe de Gobierno sobre los jefes delegacionales por medio de la discusión anual presupuestaria. No obstante, esta meta se presta como un logro lejano pues en el proyecto de decreto se contempla que la figura de Gobierno más cercana a los capitalinos sea renombrada como “órganos políticos administrativos”. Consecuentemente, no se contempla aumentar las facultades actuales de las próximas alcaldías.

“No pueden estar los jefes delegacionales cada año teniendo que negociar su presupuesto con el Jefe de Gobierno con la Asamblea Legislativa, porque esa es una forma de control político. Y otra cosa importante es que no debe haber retroceso en las facultades que tengan los alcaldes, eso es fundamental”, finalizó al señalar que no ve la posibilidad de capitalizar electoralmente esta reforma al no suponer un beneficio directo para la ciudadanía.