El secretario electoral del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD) Octavio Martínez Vargas, afirmó que es inaplazable la entrada en vigor de la segunda vuelta, el referéndum, el plebiscito, y la revocación de mandato en función de poder retirar de sus cargos a funcionarios que incumplan con excesos en su mandato y cito el caso de Javier Duarte como gobernador de Veracruz el cual hubiese sido destituido con este plebiscito o referéndum.

Martínez Vargas, indicó que la Procuraduría General de la República (PGR),  fue vulnerada con la información del patrimonio tan amplio que se le descubrió al secretario de Seguridad Pública de Veracruz, Arturo Bermúdez Zurita, quien una vez que se difundió este tema en los medios de comunicación se retiró del cargo para ser investigado dijo que es inadmisible que se pueda construir en tan poco tiempo un patrimonio de  2.4 millones de dólares, que se estima es el costo de las cinco residencias que adquirió Bermúdez Zurita en Texas, Estados Unidos .

El secretario perredista comento: “un  funcionario que gana 70 mil pesos mensuales, tendrá que explicar el origen del dinero, si estableció vínculos con el crimen organizado o si es un prestanombres del Gobernador Javier Duarte”. Reconoció que el pueblo de Veracruz ha sido sumamente violentado por toda la inseguridad, el rezago social y  los excesos de los gobernantes, pero lo que parece ser la punta del iceberg es que se habla de un problema de grandes dimensiones de corrupción, de complicidades  y presumiblemente de nexos con el crimen organizado.

El secretario electoral del CEN del PRD dijo que en el marco de la entrada en vigor de la Ley Anticorrupción sería un buen ejercicio que la Procuraduría y el estado mexicano actúen contra estos ex servidores públicos y contra los gobernadores en referencia, de constituirse actos que contravengan el derecho y expresó que lo que está sucediendo en el estado de Veracruz  va en contraste con  los avances democráticos de este país, no corresponde a los objetivos que se plantean los partidos políticos y particularmente el PRI cuando va y pide el voto, porque no rinde cuentas a la ciudadanía.