Por Luis Alberto Alonso Aviles

El día de ayer, la abogada y académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Clara Luz Álvarez, concedió una entrevista en la que evidenció que los grandes olvidados de la nueva ley en telecomunicaciones que presentó el Gobierno Federal son las personas con discapacidad (PcD).

La abogada Álvarez se especializa en temas de comunicación, habilidades que conjuga por su preocupación por los derechos de las PcD. Con esto en mente, la abogada se dio a la tarea de analizar la nueva ley, en la que encontró que sólo en un artículo de ésta se hace referencia a la atención de los programas para con las personas que cuentan con algún tipo de discapacidad.

El artículo específico es el 161 en su fracción II, que, en referencia a lo que dictará el Instituto de Telecomunicaciones a los canales de televisión, dice lo siguiente:

“I. Contar con guía electrónica de programación, conforme a las disposiciones aplicables, y

II. Contar con servicios de subtitulaje o doblaje al español para accesibilidad a personas con debilidad auditiva o visual. Estos servicios deberán estar disponibles, al menos, en los programas de tipo noticioso.”

Se preguntará el lector ¿cuál es el problema? El problema radica en que no se estipula por ley la obligación específica de hacer valer estas consideraciones ni los lineamientos que deben seguir las cadenas televisivas para que, cuando estas herramientas se implementen, sean verdaderamente funcionales. Además, los servicios de doblaje y subtitulaje, como bien expuso Álvarez, son necesarios en todo momento, ya que no se puede pedir un paquete de herramientas para tal o cual discapacidad. Por otra parte, critica que la disposición que se sugiere a cargo del Instituto se refiera sólo a los noticieros y no al contenido cultural, de entretenimiento, educativo y demás. Y es que ¿una persona con discapacidad no tiene el derecho a acceder a la mayor cantidad de contenido posible?

Pero el tema no se reduce al contenido televisivo, pues también ataca el que no se tomen en cuenta apartados específicos para los sitios de internet gubernamentales, al no hacer referencia a implementar herramientas para que PcD de tipo visual o auditivo puedan hacer uso óptimo de éstas; que los servicios de retransmisión de telecomunicaciones no sean adaptados para personas con discapacidad auditiva como ya se hace en otros países; que se obligue a los operadores y fabricantes de telefonía celular y fija a ofrecer equipos especiales para estas personas y muchos temas más.

Debo confesar que nunca, en todo el tiempo que llevamos en la discusión de la reforma en telecomunicaciones, me había pasado por la cabeza este tema. Los ciudadanos nos quejamos y enojamos por las tonterías maniqueas de nuestros partidos políticos y representantes, pero ¿cuándo nos ocupamos de lo que no representa una necesidad expresa o deseo personal?Pues hay que recordar que la discapacidad de cualquier tipo no viene sólo de nacimiento, son por accidentes de cualquier tipo, enfermedades y diversos factores.

Es necesario que aprendamos, como dice la abogada Álvarez, que todo lo que se plantea, de ninguna manera, es “una graciosa concesión del Estado”.

Si de escándalos vive la CDMX ¿Dónde quedó Escamilla?

No hablaré más de Cuauhtémoc Gutiérrez, personaje ya sepultado por su mala fama desde sus inicios en la política, que ha sido puesto en la mira por sus compañeros y adversarios debido a un ¿reportaje? que se presentó más como el extracto de una asquerosa producción telenovelera de Televisa o TV Azteca. Lo mínimo que se podía esperar eran pruebas contundentes y no una recreación propia de “García Luna Productions” con narrativa tan sosa y amarillista.

Pues bien, hace 2 años, durante pleno proceso electoral, Rubén Escamilla, entonces candidato a diputado local en el DF por el PRD y ahora en el cargo por el mismo partido, fue acusado de pedir favores sexuales a cambio de puestos laborales. Primero se le acusó; éste negó; y luego salió un video que demostró su culpabilidad.

Si al momento de leer esto no lo recuerda, tal vez sea porque la prensa estaba más preocupada por EPN y AMLO, lo que no le exculpa de omisión informativa. Pero lo grave es que sus compañeras de partidos de izquierda parecen haber olvidado el tema, pues ahora se muestran inquisidoras con el llamado “basurita” y hasta citan a los medios para que den cuenta de sus exigencias ante las instituciones electorales y de justicia.

Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre no es querido ni por las personas más importantes de su partido, mucho menos por aquellos de los que su familia ha abusado y que él mismo ha golpeado. El problema es que ya varios abogados han sentenciado que de no haber denuncias por parte de las supuestas víctimas y pruebas, éste difícilmente pisará la cárcel.

La presunción de inocencia que sirve como bandera de los derechos de los pobres y como negación para los personajes públicos dados sus antecedes, como el caso de la L12, el de Escamilla y ahora Gutiérrez de la Torre, ¿debe prevalecer en el ideario de los mexicanos? Los imperativos categóricos se los dejo a Kant, pero hartos como estamos, parece que sólo queda la exigencia para las autoridades que deben investigar el caso, y no sólo porque alguien lo expone en los medios o levanta denuncias para adornarse con el manto de la pulcritud encubriendo a la misma clase debajo de su techo.

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