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Por Agustín Vargas (*)
En el Distrito Federal, en donde supuestamente los capitalinos “decidimos juntos” según el slogan del gobierno capitalino que encabeza el doctor Miguel Angel Mancera, todo apunta que las cuentas en muchos de los rubros no son tan claras como pregonan desde el titular del GDF hasta los funcionarios de menor rango.
Casos sobre opacidad en el manejo de recursos públicos y programas de ocurrencia como las recientes modificaciones al “Hoy no circula” de Mancera, que ahora no haya como salir del brete en el que se metió y avienta la pelota a los gobernadores de la llamada Megalópolis, son muchos.
Y mencionamos esto porque hace unos días la Comisión de Vivienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, que preside la Diputada Miriam Saldaña, del Partido del Trabajo, solicitó a la dirección general del INVI y a la Secretaría de Finanzas, un informe pormenorizado de los avances y logros del fideicomiso de recuperación crediticia del DF (Fidere III).
Dicha comisión legislativa tiene conocimiento de quejas y denuncias sobre unidades de viviendas otorgadas por el INVI, desocupadas, en arrendamiento, abandonadas o invadidas, situación que por mucho agravia el espíritu y naturaleza del otorgamiento de un crédito, para la adquisición de vivienda, a un beneficiario que verdaderamente lo necesita.
De las 52, 819 viviendas entregadas en el Distrito Federal, el INVI participa con 43% de la atención, en los niveles socioeconómicos popular y bajo, que perciben de 1 a 8 salarios mínimos mensuales, de acuerdo con datos del Programa General de Desarrollo del DF.
En las Reglas de Operación y Políticas de Administración Crediticia y Financiera del INVI, uno de sus numerales se refiere a que una vez entregada la vivienda, el beneficiario tiene 90 días naturales como máximo para habitarla.
También se destaca que el Instituto cancelará el crédito y rescindirá el contrato respectivo, en los casos que no proceda el reconocimiento del ocupante actual como beneficiario del crédito y se trate de un predio afectado en fideicomiso.
Recuperación Judicial
La Comisión de Vivienda tramitará la recuperación administrativa o judicial del inmueble, para asignarlo con posterioridad; y como causal de rescisión del contrato firmado, es mantener deshabitada la unidad de vivienda que le haya sido asignada después del término mencionado anteriormente y promover la ocupación de unidades de vivienda por personas que no tengan derecho a ella.
El Fideicomiso de Recuperación Crediticia, creado en 1987, tuvo una cartera original de aproximadamente, 43 mil créditos, con un valor de 132.9 mdp, de acuerdo a la página web del Fidere.
En 2001 se celebró convenio modificatorio, mediante el cual se cambia la denominación a Fideicomiso de Recuperación Crediticia del Distrito Federal (Fidere III), siendo el Fideicomitente el Gobierno del Distrito Federal, a través de su Secretaría de Finanzas y teniendo como principal misión, recuperar créditos financieros otorgados por el gobierno capitalino, a través de una atención personalizada y procesos ágiles, acordes a las necesidades de los acreditados.
Este se extiende a la recuperación del producto de los créditos otorgados por el Gobierno del Distrito Federal y sus entidades, así como instituciones públicas o privadas; de igual forma a la promoción y el manejo del ahorro previo para los distintos programas del Gobierno.
Como se ve, la transparencia en el manejo de recursos en el GDF es algo que definitivamente no se da ni se dará. Lo que se requiere, en definitiva, es garantizar el libre acceso a la información, en el contexto de transparencia de los dineros públicos que podrían recuperarse y servir para atender importantes necesidades, en materia de vivienda y en otras.
Leyes secundarias, casi listas
Ayer la Cámara de Diputados aprobó en lo general y particular con modificaciones el dictamen a la minuta que expide la Ley de Hidrocarburos y reforma diversas disposiciones de las leyes de Inversión Extranjera, la Minera, y de Asociaciones Público Privadas, y lo devolvió al Senado de la República para sus efectos constitucionales.
Luego de desahogar las reservas, los diputados avalaron con cambios, el primero de los documentos que el Senado de la República remitió a la Cámara baja, derivados de las iniciativas que el Ejecutivo mandó sobre la legislación secundaria en materia energética.
La discusión en lo particular se dividió en cinco temas. En el relativo al “Uso y ocupación temporal de tierras”, se aprobó, con 301 votos a favor, 115 en contra y cero abstenciones, la propuesta del diputado Marco Antonio Bernal Gutiérrez (PRI) de modificar los artículos 101 y 102 de la Ley de Hidrocarburos.
Estos cambios a la minuta en el párrafo sexto del artículo 101 Capítulo Cuarto denominado del Uso y Ocupación Superficial, establecen que la contraprestación es un derecho.
En cuanto a la contraprestación de participar de una parte de los ingresos se aclara que esta se calcula una vez que se descuenten los pagos que se hacen al Fondo Mexicano del Petróleo en lugar de hablar genéricamente de “pagos”. Ello, para que quede claro que la parte de los ingresos a repartir será “antes de impuestos” y no después del ISR.
Se divide el porcentaje de esta contraprestación en 0.5 al 2 por ciento en el caso de petróleo y 0.5 a 3 en el caso de gas natural No Asociado; se aclara que el porcentaje que reciben de ingresos los ejidos o comunidades, la Asamblea puede o repartirlos entre todos los miembros o aportarlos a un proyecto de desarrollo que la propia Asamblea decida.
Asimismo, en el artículo 102 se elimina como contraprestación el uso de la fuerza laboral y la adquisición de bienes o servicios producidos por los propietarios, para sustituirlo por la posibilidad de adquisición cuando sea compatible con los requerimientos del contrato o asignación.
*Periodista. Director del Suplemento HábitatMx |
