Agustín Vargas  (*)

A la creciente irritación social en todo el país por tanta violencia, inseguridad, corrupción, aumento de la pobreza, desempleo y… demás, se suma otro elemento que por su propia naturaleza es de esperarse manifestaciones de todo tipo.

Nos referimos al proyecto de la privatización del agua, que desde hace muchos años ha permeado en la cabeza tanto de los representantes en turno del Ejecutivo Federal como de los legisladores, so pretexto de la modernización.

En materia de agua, el problema de México no es la falta del vital líquido, sino de la carencia de una infraestructura suficiente y planeación para su distribución. Y no lo decimos nosotros, son estudios técnicos que han surgido a lo largo de los años y elaborados por especialistas.

De momento se frenó en la Cámara de Diputados la intentona de sacar adelante una nueva Ley General de Aguas, cuyo trasfondo es privatizar la comercialización y distribución del líquido.

Esto muy a pesar de algunos legisladores como Manlio Fabio Beltrones,  presidente de la Junta de Coordinación Política, quien anunció el acuerdo de ese órgano de gobierno de posponer la discusión en el Pleno del dictamen de la Ley General de Aguas. Esto dijo, con el objetivo de abrir un espacio para el análisis y estudio de la misma.

La irritación social y política que priva en todo el país y que obligaron a esa decisión, no es para menos. Al fin algo de sensatez para contener un poco la efervescencia.

Dictamen de la discordia

El dictamen de la Ley General de Aguas limita el consumo de agua a 50 litros diarios, en una clara contradicción a los estándares internacionales de la Organización Mundial de la Salud, la cual establece que toda persona debería recibir por lo menos 100 litros diarios, sin siquiera contar con estudios los cuales sustente dicha reducción.

Se olvida, por ejemplo, que en el país existen personas que viven con menos de 2 litros de agua diarios, mientras otros sectores de la población tienen un consumo mayor a los 150 litros diarios. El mínimo vital establecido en el dictamen lo único que hace es reducir el consumo en la clase media, sin garantizar el mínimo vital para los grupos poblaciones más necesitados.

Además, se autoriza la incorporación de privados en la comercialización del agua, bajo el pretexto de que también se permite la participación de la sociedad civil, a sabiendas de que los empresarios son los únicos que cuentan con el capital económico necesario para participar en su comercialización y distribución. Esto obligaría a que se eleven los precios del agua

Adicionalmente, se deja a criterio de la Comisión Nacional del Agua realizar el trasvase, transferencia de agua de una cuenca a otra a través de medios artificiales, dependencia que ha mostrado en el norte del país una gestión de la disposición del agua con fines comerciales y políticos.

Esto significa que la Conagua podrá decidir a qué agricultores o poblaciones se les concede o limita el uso del vital líquido, modificando el sistema hidrológico y poniendo en grave riesgo ambiental a los ecosistemas existentes en torno a los diversos afluentes de agua.

Además, con el trasvase se permitirá el uso del agua de entidades como Veracruz para el fracking, actividad que demanda el uso de por lo menos 20% de agua dulce, recurso que tras su uso y dada las carencias de este dictamen, podrá ser regresado contaminado a las cuencas.

Y pese a la suspensión temporal de la discusión del dictamen en el Pleno camaral, organizaciones campesinas ya anunciaron desde ayer que iniciarán una serie de movilizaciones en la capital de la República, para exigir, entre otras cosas, un alto a los recortes presupuestales al campo, el cumplimiento a la palabra del Ejecutivo Federal a concretar la Reforma al Campo y un alto a la iniciativa privatizadora del agua.

Magistrados, corrupción en vivienda

Es de escándalo la corrupción que se ha ejercido en la ciudad de México, que aparenta gobernar Miguel Angel Mancera, con la construcción de edificios departamentales prohibidos en los reglamentos de construcción de la urbe.

De acuerdo con Josefina McGregor, integrante del colectivo ciudadano “Suma Urbana”, en el Distrito Federal se han construido más de 4 mil edificios simulando que son de interés social cuando en realidad están dirigidos a la clase media alta.

La ya famosa Norma 26, ocurrencia por cierto de Andrés Manuel López Obrador, se ha convertido en una “herramienta de corrupción, impunidad y leyes a modo”, asegura la urbanista.

Y es que, de acuerdo con los ciudadanos afectados, la violación de dicha norma, por parte de constructores, ha tenido la complacencia y posible complicidad corruptora de los titulares de la Seduvi del gobierno local y de las distintas delegaciones que padecen este caos urbano.

Lo peor es que, a decir de los vecinos, ahora se suman a esa red de corrupción los magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, que preside Yasmín Esquivel Mossa, los cuales están amparando a los constructores infractores para que continúen sus obras sin molestia alguna y las comercialicen impunemente.

Tal es el caso de la constructora Gheto Arquitectos S.A., que construye dos edificios totalmente fuera de norma en la calle Minatitlán de la colonia San Jerónimo Aculco, en la delegación Magdalena Contreras.

Esa empresa recibió la protección “legal” del magistrado José Luis Moctezuma Orozco, titular de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal, para evitar la clausura de sus obras. Los vecinos interpusieron un Recurso de Reclamación, pero la Sala Superior del Tribunal lo declaró infundado.

Ese es el “Estado de Derecho” en que se encuentra nuestra ciudad y ese el respeto que les merece a los que deberían de honrarlo en primera instancia. 

Sí Vale es Superbrand

El Consejo Mexicano de Marcas otorgó la calificación de Superbrand a Sí Vale por la alta calidad de sus productos y el mayor reconocimiento de marca en el mercado de monederos electrónicos de despensa y combustibles automotrices.

“Alcanzar este estatus fortalece nuestra posición en el mercado, le añade prestigio a la marca y transmite a nuestros clientes que están adquiriendo la mejor marca en su categoría”, comentó José Antonio García, director general de la filial mexicana del francés Up Group.

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*Periodista. Director de la Revista HábitatMx