Por José Jiménez

Los partidos políticos se encuentran completamente en campaña, así lo permite y señala la ley, en esta ocasión de manera preponderante sobre programa y personas, lo que es otro rasgo característico de las llamadas elecciones intermedias; a una semana plena de campaña electoral en todo el país y en todos los niveles, en algunas casos sus candidatos están  en disputa por las nueve gobiernos estatales, en otro apartado por los 500 espacios de diputados federales, 300 por mayoría y 200 por representación  proporcional en las cinco circunscripciones del país, así como por presidencias municipales y diputados locales, sumando más de dos mil cargos públicos.  

En 16 estados se renovarán congresos locales, en quince estados se hará lo mismo con presidencias municipales y en el aún Distrito Federal, sino pasa otra cosa y ahora si sale la reforma política para esta entidad, serán elegidos diputados locales a la Asamblea Legislativa y los 16 jefes de gobierno de las también aún llamadas delegaciones políticas, forma política heredada de un régimen  del siglo pasado.

En general el primero de septiembre del 2015 tendremos la LXIII Legislatura del Congreso de la Unión, la VII Legislatura de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entre los otros congresos que también se renovarán y los respectivos nuevos gobernadores, presidentes municipales y el primero de octubre jefes de gobierno delegacional en la ciudad de México.

Por todos, ellos a insistencia de explicación de situaciones que hace poco han ocupado la atención pública se pone una pregunta en la mesa, ¿quién está obligado y debe responder por ellos, por los candidatos de los partidos a los puestos de elección?

A manera del proceso que señala la ley, así como de los mecanismos y las reglas de cada partido, cada uno debe elegir en un proceso señalado en sus documentos básicos a sus precandidatos, cuidando, hoy por hoy y por las amargas experiencias, que sean no solo las mejores cartas de cada grupo o corriente, cumplan con los requisitos de elegibilidad y no tengan relación alguna o sean llevados por el llamado crimen organizado, como un poder que se esconde en otro poder, como sucedió en un país del sur del continente, a lo que se ha implementado también procesos, exámenes, requisitos extraordinarios, para cubrir este aspecto, como es el también llamado examen de confianza, que tiene el rasgo de que no es de carácter vinculatorio ni definitorio, es voluntario y a consideración.

Aún con un examen de confianza de pruebas de polígrafo, toxicológico, sicométrico o patrimonial, si a un candidato le preguntan si es bueno, por supuesto contestará que así es. Al punto se ha señalado que solo un juez puede determinar, y aún con reservar, si un candidato tiene impedimentos, se ha señalado que se notificara al partido que tendrá la decisión de postularlo o no.       

A esto último y más, se olvida de un elemento fundamental, la formación ideológica que se supone da el partido como proyecto político ideológico a defender e instrumentar ante y para la sociedad, que le define posición y definición en su práctica de vida, en sin pasar de alto el antecedente histórico moderno, de ser izquierda en base al valor de la igualdad, de derecha en base a la defensa de la empresa y el libre mercado, en colocarse al centro, espacio muy reivindicado hace un tiempo, al buscar moderación y reconciliación, pero que se fue dejando al tender más a la derecha al no poder controlar el egoísmo por la naturaleza del ser humano, como ya lo señalaría Adam Smith.

En conclusión y en la etapa inicial de la contienda, para no anticipar la frase de “se los dije”, dejemos colocado que los partidos políticos deben y deberán responder por sus candidatos, pero más allá, también hay que señalar la pregunta de quién responderá por los partidos.