Agustín Vargas *

Son muy plausibles las medidas de apoyo y donativos que los bancos han anunciado en solidaridad de la población afectada por los desastres naturales.

Sin embargo, no es suficiente en virtud de las grandes ganancias que les ha otorgado  el mercado mexicano, en algunos casos convirtiéndose en su más rentable negocio en el mundo.

Pongamos el caso de BBVA Bancomer, que ayer anunció con bombos y platillos un donativo de 180 millones de pesos para la reconstrucción de escuelas dañadas por los sismos.

¿Sabe cuál es el monto de utilidades del banco más grande del país y cuyos accionistas son de origen español?

Al primer semestre del año, registró ganancias por más de 23 mil millones de pesos, producto de su margen financiero, las tasas de interés que cobran por sus créditos y las comisiones por utilizar sus servicios.

Utilicemos a su tarjeta de crédito “Azul” como botón de muestra. En la página de internet del banco se lee la siguiente información en cuanto a sus costos:

“CAT (Costo Anual Total):

CAT promedio ponderado 94.1% Sin IVA, tasa de interés promedio ponderada por saldo en términos anuales 63.08%, Comisión Anual $ 631.00  Sin IVA.

Informativo: Fecha de cálculo: 30 de junio de 2017     Vigencia de la oferta: 27 de diciembre de 2017.”

Además, hay que considerar que BBVA Bancomer representa la auténtica joya de la corona para el grupo financiero español, pues de acuerdo a datos de la propia institución al cierre del 2016 las utilidades que les generó su filial en México, representaron una tercera parte del total de ganancias que obtuvieron a nivel mundial.

Sería excelente que BBVA Bancomer y la banca en general disminuyeran considerablemente las tasas de interés de sus créditos de tarjeta, nómina, personales, automotrices,  hipotecarios e incluso empresariales, para apoyar la economía y el consumo de los mexicanos en estos momentos de crisis, en particular de la población afectada por los sismos.

Igualmente es imperativo que la banca, las sofomes y todos los intermediarios financieros no bancarios, apliquen programas de condonación de intereses moratorios, reestructuras de créditos para ampliar los plazos de pago y reducir los montos de las mensualidades, así como permitir la postergación de pagos en periodos de tres a seis meses, mientras las familias se recuperan de las viviendas y bienes perdidos a causa de los sismos.

Es tiempo de que la banca e intermediarios retribuyan a la sociedad los grandes beneficios económicos que le ha dado, que aminore sus afanes de lucro y que se apuntale como un motor de la economía animando el consumo y la reactivación económica del México, no inhibiéndolo con el alto costo del crédito.

Desarrolladores en capilla

A una semana de los trágicos acontecimientos ocasionados por el terremoto del 19 de septiembre, en el ambiente priva  un sentimiento de furia, no solo por las víctimas fatales, sino también por los miles de damnificados que perdieron todo, sobre todo aquellos que vieron derrumbarse sus viviendas relativamente nuevas, adquiridas a constructoras que edificaron de manera irregular y con materiales de pésima calidad.

En este espacio habíamos denunciado desde un par de años la corrupción entre constructores y autoridades locales, las cuales permitieron la edificación de múltiples edificios habitacionales, muchos de ellos violando las normas de desarrollo urbano y construcción en la Ciudad de México.

Más aún, en agosto del 2015, Hábitat Mx documentó que al menos desde dos años atrás las construcciones irregulares en la capital del país habían proliferado de manera exponencial, así como las denuncias ante el gobierno capitalino, sin que se haya dado una solución a dicha problemática.

Debido a ello en el Senado de la República se presentó un punto de acuerdo exhortando  al gobierno de Miguel Ángel Mancera Espinosa a que rindiera un informe pormenorizado sobre las denuncias presentadas por irregularidades en el desarrollo inmobiliario en la CDMX.

De igual forma solicitaron a Mancera Espinosa, dar cuenta de las acciones que estaba llevando a cabo para prevenir y sancionar estos hechos.

Los senadores sustentaron en su exhorto que la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial del Distrito Federal, señalaba que durante el 2013 había recibido más de 3,000 denuncias por diversas irregularidades.

De 2002 a 2014, las categorías más denunciadas fueron la violación al uso de suelo urbano con un 32%; el ruido y las vibraciones, con 19%; y las afectaciones a áreas verdes en suelo urbano.

Ante ello, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió la Recomendación 12/2014 la cual indica que en las delegaciones Magdalena Contreras, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztapalapa, Tlalpan, Venustiano Carranza y Xochimilco, se violentaron los derechos de los habitantes pues las demarcaciones permitieron construcciones irregulares.

Por supuesto, la petición y el exhorto legislativo no fue atendido y curiosamente, la mayoría de los inmuebles afectados por el terremoto se ubican en alguna de estas delegaciones.

Vecinos afectados por las construcciones irregulares, desde aquel entonces, comentaron que Mancera Espinosa y su equipo tiene un tema que se ha constituido en un verdadero cáncer en toda la capital del país que, de enfrentarlo aplicando la ley, puede ayudar a resarcir su imagen y reconocimiento entre la ciudadanía.

Exigían a las autoridades capitalinas meter en orden a la construcción irregular de inmuebles para vivienda, que incumple con los reglamentos de la ciudad y castigar a los constructores ilegales, se clausuren las obras irregulares y se mande demoler los inmuebles que han violado las normas de construcción. Nada de eso ocurrió.

Por el contrario, el negocio inmobiliario en la CDMX ha sido uno de los más redituables desde hace poco más de una década cuando se decidió que la capital debería crecer de manera vertical y no horizontal. A partir de ahí comenzaron a construirse edificios en zonas de alto riesgo sin importar el peligro que representaba para quienes lo habitaban.

La revista Proceso citó recientemente que la organización ciudadana Suma Urbana, desde hace un par de años denunció que hay alrededor de 4,000 edificios ilegales construidos en distintos puntos de la Ciudad de México con los beneficios de la norma 26, que favorece a las viviendas de interés social y que generó 200,000 millones de pesos para los desarrolladores de vivienda.

El portal de noticias HuffPost México publicó una entrevista con el  abogado Salvador Mejía, de la firma especializada en prevención de lavado de dinero Asimetrics, quien afirmó estar documentando los casos de edificios nuevos derrumbados en los que murieron decenas de personas y que pueden estar involucrados en casos de corrupción.

Mejía, especialista en temas anticorrupción, junto con otros abogados está reuniendo información y documentos de los edificios en que los rescatistas han encontrado irregularidades en las normas mínimas de construcción, indica.

"No puedo entender cómo es que en la colonia Portales, una de las más afectadas, se cayeran edificios con menos de cinco años de vida útil y, a un lado, está un edificio con 20 o 25 años de antigüedad. Traducción: el edificio viejo está bien hecho y los nuevos bajo el esquema de la corrupción", explicó el abogado.

Dijo que hay delegaciones en las que ya había un antecedente de quejas vecinales por inmobiliarias y constructoras que no seguían las normas establecidas para construir viviendas, como en la Benito Juárez, una de las zonas más afectadas por el sismo.

"La corrupción no se puede entender sino como un binomio entre la iniciativa privada y la administración pública en cualquier nivel. Las autoridades también lo tiene que hacer, comenzar a darle un seguimiento al por qué se cayeron los edificios nuevos", comentó en entrevista con el HuffPost México.

 Después de la tragedia, habrá que ver la respuesta del Gobierno de Miguel Ángel Mancera antes de que se vaya, pues sus medidas de apoyo a la población, como dotar de tres mil pesos por tres meses a quienes se quedaron sin casa, parece ser más que un acto de solidaridad una burla a la población.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx