Al hacer un llamado para fortalecer los derechos humanos de manera universal, el presidente de la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, Manuel Granados Covarrubias, inauguró formalmente el encuentro, y señaló que se trata de un tema que el objetivo es respetar y observar los principios de legalidad y debido proceso, pero sobre todo fortalecer los derechos de las víctimas.

"Esta Asamblea se distinguirá por el acercamiento con toda la sociedad y organizaciones no gubernamentales para que los instrumentos legales que produzca este órgano tengan la mayor legitimidad posible", precisó

Al respecto, el diputado local Efraín Morales López, vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos, resaltó el interés de esta legislatura para que las leyes surgidas de la misma, sean producto de la conjunción de esfuerzos y voluntades de los diferentes  sectores de la sociedad para garantizar una mejor y mayor calidad de vida a la ciudadanía.

"Estamos seguros de que los resultados que obtengamos de este foro, redundarán en beneficio de la ciudadanía y mantendrán a la Asamblea Legislativa a la vanguardia, como lo ha sido en otros temas que inicialmente fueron controversiales y actualmente marcan la pauta a nivel nacional, generando para la ciudad  un amplio reconocimiento internacional", indicó el asambleísta.

En tanto, el diputado Antonio Padierna, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia llamó a garantizar los derechos humanos de toda la ciudadanía sin importar la condición en la que éstos se encuentren, aplaudió el encuentro pese a asegurar que se trata de un tema que podría causar escozor para algunos sectores de la sociedad.

No podemos anteponer los derechos de los delincuentes, pero tampoco estoy dejando la puerta abierta a que se tengan que violar los derechos humanos de la gente, al contrario se deben garantizar y verificar que sean respetados, apuntó el diputado local.

Con Padierna Luna coincidió la asambleísta y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Dinorah Pizano Osorio, quien reiteró que como representantes populares, es de vital importancia abordar estos temas, que si bien, dijo, tienden a ser álgidos, abren la discusión con los diferentes actores de la ciudad, "con esto habrá la posibilidad de mejorar el marco jurídico y normativo de manera que la impartición de justicia sea todavía más eficiente", sostuvo.

Durante su intervención, el procurador General de Justicia del Distrito Federal, Jesús Rodríguez Almeida, negó la inconstitucionalidad del arraigo y aseguró que la dependencia que encabeza es la representante de la sociedad, la que defiende los derechos de las víctimas, protege sus libertades y busca reparar el daño de las mismas.

Resalto que la PGJDF, busca proteger los derechos de los presuntos culpables, incluso en la misma procuraduría, y que cuando no se encuentran elementos suficientes para consignarlos, se levanta el arraigo protegiendo su presunción de inocencia, y cuestionó "¿Que me digan dónde están las violaciones, el que así lo crea seguramente está viviendo en otro país". Asimismo informó que la Procuraduría ha solicitado arraigo para el 0.09 por ciento del total de la incidencia delictiva local, de las 180 mil 500 averiguaciones previas, y agregó que cuando esto sucede es porque son sujetos relacionados con más de cinco eventos delictivos graves.

En ese sentido, el magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, Edgar Elias Azar planteó que "lo que está en la Constitución no puede ser inconstitucional", en referencia a la integración de esta figura a la carta magna en 2008.

Destacó la necesidad de construir un verdadero sistema de impartición de justicia, así como un eficiente sistema de seguridad pública y hacer uso de manera prudente y racional de los instrumentos jurídicos sin incurrir en abusos.

Finalmente, el ombudsman capitalino, Luis González Plascencia dijo que es intolerable cualquier acto que contravenga las leyes mexicanas penales, porque es una manera de violentar los derechos humanos.

"Todos tenemos derecho a la libertad y no se debe de permitir la violación de derechos provenientes de los actos del propio estado, de las medidas que éste toma para combatir la inseguridad, pues se recurre a medidas que generan otro tipo de inseguridad para combatir la misma inseguridad", concluyó.