Carlos Daza, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, anticipó la necesidad de reformar el nuevo Sistema de Justicia Penal, toda vez que bajo los parámetros actuales existe margen para la corrupción y explicó que en el caso de los procesos abreviados, las atribuciones de los ministerios públicos han dado lugar a cobros hasta por 80 mil pesos, para aquellos procesados que desean optar por una solución más pronta.

Durante la inauguración del coloquio Reforma del Sistema Penal que se celebra en el marco de la Feria Universitaria del Libro, FUL2015, Miguel Carbonell; Carlos Nataren Naudayapa, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM; el Dr. Rafael Estrada Michel, director general del Instituto Nacional de Ciencias Penales (INACIPE) y Dulce Alejandra Camacho Ortiz, representante del Consejo Federal de la Judicatura, analizaron pros y contras del nuevo sistema de justicia penal.

Aunque en términos generales consideraron que el nuevo sistema representa una ventana de oportunidad para mejorar la impartición de justicia y aportar elementos de mayor transparencia, advirtieron algunos huecos legales que podrían favorecer la impunidad y la corrupción.

Así pues, subrayaron como factores de riesgo la falta de autonomía por parte del Poder Judicial con respecto al Poder Ejecutivo; la incapacidad policial para resguardar y realizar labores de investigación; instituciones obsoletas para el nuevo sistema jurídico y recursos humanos formados en el esquema de la corrupción.

En este sentido, Miguel Carbonell subrayó la complejidad del sistema penal como elemento de una estructura institucional que no se puede resumir únicamente en el tema de los juicios orales y tendría que fortalecer los temas de prevención del delito, mejoras del proceso de investigación y modificaciones al sistema carcelario.

A modo de ejemplo y con base en información proporcionada por INEGI, el connotado jurista recordó los altos niveles de impunidad que prevalecen en el país, donde el 93% de los delitos no se denuncia y del 7% de casos denunciados, al menos en la mitad de ellos no existe repercusión alguna contra el agresor. Recordó también que hay una tasa de reincidencia del 33% y que el sistema carcelario mexicano se encuentra saturado, concentrado en el centro del país y presa de las extorsiones.

En cuanto al tema de los procesos abreviados, Carlos Daza explicó que en algunos estados de la república como el Distrito Federal, donde ya se ha implementado la medida, los casos de extorsión y corrupción ya han comenzado a ocurrir.

"La forma en la que dan facultades al Ministerio Público, es lo que puede provocar que haya corrupción en el sistema. En este momento, ya se están presentando casos donde el Ministerio Público pide dinero para ir a proceso abreviado cuando es una facultad del inculpado", explicó el experto y catedrático.

"Es muy importante que no sólo se cambie un sistema sino también al servidor público porque si alguien con el antiguo sistema era corrupto, va a seguir siendo corrupto con el nuevo sistema. Creo que necesitamos tomar las medidas necesarias para evitar que haya ese tema de corrupción y lo más importante será observar a quien van a poner de jueces, como vamos a controlar a cada juez y darle seguimiento a la conducta de cada uno de ellos", precisó el investigador y recordó que hay una reforma por entrar en vigor el próximo año, sin embargo insistió en la necesidad de que sea reformada para corregir los defectos detectados y que se prestan a la corrupción.