Para garantizar la integridad en la organización de procesos electorales, es necesario que el uso de recursos públicos y la injerencia indebida de funcionarios en dichos procesos sean sancionados por la vía penal y administrativa, y no sólo por las autoridades electorales.

Ese fue el planteamiento del presidente de la Asociación de Instituciones Electorales de las Entidades Federativas (AIEEF), Mario Velázquez Miranda, durante su participación en la mesa de análisis "Calidad de las Elecciones", dentro del marco del seminario "Coahuila, Estado de México, Nayarit y Veracruz: lecciones aprendidas de cara al 2018", organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM.

En su ponencia, el también consejero presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) enfatizó que la integridad de las elecciones no es únicamente responsabilidad de las instituciones que las organizan, pues también intervienen la ciudadanía y los actores políticos, quienes de igual manera juegan papeles fundamentales en los procesos democráticos federales y locales.

En ese contexto, consideró que la debida actuación de todos quienes participan en las elecciones es el marco fundamental para que un proceso de democracia directa alcance la legitimidad y credibilidad demandada por la ciudadanía.

Reconoció que hoy en día, las instituciones electorales son señaladas por una serie de irregularidades, las cuales, en algunos casos, no derivan de elementos probatorios, sino de referencias y oídas; y en otros casos, pueden ser acreditadas ante los tribunales, donde hay posibilidades de que, en casos extremos, se determine la nulidad de alguna elección.

"Estas injerencias indebidas sí tienen repercusiones en el ámbito electoral, pero me parece que no deben quedarse ahí porque el uso de recursos públicos no sólo debe ser revisado por la autoridad electoral. Creo que ahí tenemos un déficit en nuestro país.

"Cuando se ha acreditado el uso de recursos públicos en procesos pasados, sólo se ha quedado a la definición de lo que la autoridad electoral ha resuelto, no ha trascendido hacia procedimientos en el régimen administrativo al que estamos sujetos todos los servidores públicos. Creo que es muy importante que quienes de alguna forma tienen una injerencia indebida en los procesos electorales, no sólo tengan la sanción en lo electoral, sino también los procedimientos penales y administrativos", expuso.

Respecto a la responsabilidad ciudadana en los procesos electorales, Velázquez Miranda destacó la importancia del voto informado, el cual debe emitirse a partir de dos aspectos fundamentales: el valor del sufragio, para que las y los ciudadanos no vendan su voto; y el conocimiento de la oferta política, a través de las plataformas electorales de los candidatos y partidos.

En ese sentido, el presidente de la AIEEF sugirió a las instituciones electorales locales difundir ampliamente las plataformas políticas, con el propósito de que la ciudadanía reflexione su voto, y posteriormente exija el cumplimiento de la oferta electoral cuando los ganadores de la contienda asuman el cargo público para el que fueron electos.

En la mesa "Calidad de las Elecciones" participaron también, la consejera del Instituto Nacional Electoral (INE), Pamela San Martín; el académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas, Jaime Cárdenas; y el investigador del CIDE, Javier Aparicio.

La consejera del INE coincidió con el presidente de la AIEEF en el sentido de que la injerencia indebida de servidores públicos en procesos electorales debe ser investigada también por la vía penal y administrativa, para lo cual es indispensable que sea emitida la reglamentación al artículo 134 Constitucional, relativo al uso de recursos públicos y propaganda gubernamental.

En tanto, Cárdenas señaló que debe haber una autocrítica de los organismos electorales para evaluar el mecanismo de atención a las denuncias de irregularidades que reciben, a fin de recuperar la credibilidad ciudadana.

Mientras que el investigador del CIDE advirtió que a futuro, la organización de las elecciones, federales y locales, será aún más compleja, toda vez que en algunas entidades entrará en vigor la reelección de cargos públicos, lo cual puede derivar en más denuncias electorales.