La actual administración delegacional de Miguel Hidalgo presentó una denuncia penal contra cuatro ex funcionarios por uso indebido del servicio público y presuntos actos de corrupción al avalar un contrato con la empresa TAO, sin soporte presupuestal, para auditar diversas obras públicas que se realizaron en la administración de Gabriela Cuevas.

La denuncia fue interpuesta por el Director General Jurídico y de Servicios Legales, Adolfo Román Montero, y el Director General de Gobierno y Participación Ciudadana, David Razú Aznar y es contra el ex Director General de Administración, Luis Barajas Medina; el Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; Fernando Zepeda Zepeda; el ex Director General de Desarrollo Delegacional, Arnulfo Aurioles Gamboa, y el ex Director General de Obras y Desarrollo Urbano, Eustaquio Trejo Álvarez y quien resulte responsable.

La administración de Víctor Hugo Romo Guerra revisó y analizó el contrato, a fin de proceder a su liquidación. Pero al tratarse de recursos públicos y, por el tiempo y la forma en la que se suscribió, tenía que ser analizado para descartar cualquier malversación.

El objeto del contrato establecía: “La elaboración de un estudio estadístico del grado de cumplimiento normativo, administrativo y presupuestal en materia de adquisiciones, arrendamiento servicios y obras públicas”, algo fuera de lo común porque toda obra pública conlleva supervisión al momento de contratarse.

Derivado de lo anterior, se consideró que hubo actos constitutivos de delito porque no existía un soporte presupuestal para solventar el contrato y, supuestamente, en tan solo tres días se llevaron a cabo los trabajos que amparaba el contrato.

En este caso, consideró la actual administración de Miguel Hidalgo, resulta ocioso solicitar otra supervisión y atentatorio del erario.

En consecuencia, los analistas del caso, determinaron que la deuda con la empresa TAO “es a todas luces un acto de corrupción de anteriores administraciones panistas”.

De hecho, la propia Contraloría General del Distrito Federal, en el expediente CI/MHI/D/0120/2012, fue la que determinó las irregularidades al inhabilitar por dos años al Director General de Administración, Luis Barajas Medina; Fernando Zepeda Zepeda, Director de Recursos Materiales y Servicios Generales; Arnulfo Aurioles Gamboa, ex Director General de Desarrollo Delegacional y de Eustaquio Trejo Álvarez, ex Director General de Obras y Desarrollo Urbano, quienes avalaron el contrato en cuestión.

La denuncia penal presentada hoy en la Fiscalía Desconcentrada de Investigación Miguel Hidalgo también responde a que el Jefe Delegacional, Víctor Romo, se niega a ser cómplice de este daño al erario consumado durante la administración panista de Alfredo Vinalay, donde se generó este adeudo con la empresa TAO y heredado a la de Demetrio Sodi.

La administración siguiente en Miguel Hidalgo, de Demetrio Sodi, pago poco más de tres millones del adeudo y quedaron pendientes 7 millones 283 mil 333 pesos y, con los intereses se ha incrementado a más de 14 millones de pesos, pero no se realizó de manera satisfactoria la entrega del trabajo ni se localizaron los oficios donde se aceptaba de conformidad.

La delegación Miguel Hidalgo está obligada a pagar el adeudo que generó este contrato, debido a una resolución del Poder Judicial, porque la empresa TAO demandó en esa instancia el pago del adeudo con los intereses correspondientes.

Cabe aclarar que esta administración no se ha negado a cubrir el adeudo y programó hacerlo en los próximos días, porque “somos respetuosos de las resoluciones del Poder Judicial y las acataremos, siempre velando por los intereses de la sociedad”.

La jefatura delegacional informó que pagar esta deuda implica dejar de atender las necesidades de miles de miguelhidalguenses, por ejemplo: bacheo, mantenimiento a mercados públicos, escuelas, reparación de banquetas, reforestación y la construcción de más de 10 parques de bolsillo, entre otras acciones.