Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

En medio de un clima político enrarecido a todos niveles, la administración a cargo de Miguel Ángel Mancera decidió desde el año 2013 la reserva de información relativa a la compra de los treinta trenes que, se supone, darían servicio a la fallida Línea 12 del Metro.

Desde el cierre del tramo elevado de la llamada Línea Dorada y la consecuente creación de la Comisión Especial Investigadora de la L12 al interior de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), las primeras indagatorias ya apuntaban al análisis del Proyecto de Prestación de Servicios (PPS).

Según dio a conocer el diario Reforma este fin de semana, el Gobierno del Distrito Federal (GDF), por medio del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, determinó mantener bajo reserva la información relativa a los contratos de compra de los convoyes a la empresa CAF hasta el año 2020 “por contener datos de carácter técnico, de seguridad pública y de propiedad intelectual”.

Hasta el momento, se aclara en la misma publicación, los trenes adquiridos durante la administración de Marcelo Ebrard tuvieron un costo hipotético de 18 mil millones de pesos. No obstante, como se ha venido denunciando, se desconocen las cláusulas de obligatoriedad en lo relativo al tipo de cambio –toda vez que se sabe que el pago se realiza en dólares-. Además, toda información que ha sido presentada de manera pública respecto de la situación contractual obedece a las propias voces de los exfuncionarios capitalinos implicados en los contratos, no por las autoridades capitalinas.

Perspectivas encontradas en la Comisión Especial.

A lo largo del poco más de un año de existencia de la Comisión Especial Investigadora de la Asamblea Legislativa han surgido enfrentamientos entre sus integrantes y con los demás diputados. La reciente renuncia de Cuauhtémoc Velasco al grupo especial no representa, por tanto, una sorpresa.

Precisamente, Velasco Oliva sostuvo un breve pero intenso enfrentamiento con el perredista Adrián Michel por acusaciones de “linchamiento político” en contra del exjefe de Gobierno, Marcelo Ebrard.

A su vez, Michel y el entonces perredista Vidal Llerenas se enfrentaron a la panista Gabriela Salido Magos a modo de respuesta a las “precisiones” que ésta realizara al PPS de la L12. El conflicto se presentó al no existir un acuerdo unánime respecto de si la anterior legislatura validó el contrato del GDF con CAF o si, por el contrario, la administración capitalina resolvió de manera unilateral los términos antes o después de que se discutiera en la ALDF.

Por otra parte, el presidente de la Comisión de Hacienda, Saúl Téllez, dio a conocer el 20 de junio de 2014 –ya con el tramo elevado cerrado- que el STC Metro, a cargo de Joel Ortega, pagaba un monto de 100 millones de pesos por concepto de arrendamiento de los 30 convoyes. No obstante, dijo, éste costo representaba la totalidad de los trenes, pues el número de trenes en servicio no se correspondía con media Línea fuera de servicio. Jorge Gaviño, presidente de la Comisión Especial, se sumó a la demanda y pidió a Ortega “aplicar cabalmente el instrumento jurídico que tiene en sus manos” a fin de no seguir pagando un sobrecosto.

Finalmente, en el último trimestre, Gaviño Ambríz admitió que el proceso de análisis del contrato signado entre el GDF y CAF estaba lejos de terminar. No obstante, aseguró que existían graves errores de carácter técnico-administrativo, lo que deriva en que el Gobierno capitalino asume todos los riesgos.

“Este contrato, desde el punto de vista técnico-jurídico, no podría ser un PPS porque se aproxima más a un tipo de contrato de Arrendamiento Financiero, que tiene otras características y otro tipo de implicaciones legales. Un contrato de arrendamiento financiero se constituye con un pasivo contingente que tendría que haber aprobado la ALDF en su momento, por lo que seguramente se prefirió el PPS”, añadió entonces el legislador local al respecto.

“Este contrato, desde el punto de vista técnico-jurídico, no podría ser un PPS porque se aproxima más a un tipo de contrato de Arrendamiento Financiero, que tiene otras características y otro tipo de implicaciones legales. Un contrato de arrendamiento financiero se constituye con un pasivo contingente que tendría que haber aprobado la ALDF en su momento, por lo que seguramente se prefirió el PPS”, aseguró in memoriam de la querella entre Gabriela Salido y los legisladores perredistas.