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Por Agustín Vargas (*)
Resuelto el asunto de la reforma energética en el Congreso de la Unión, con todo y leyes secundarias, toca ahora a los organismos del Ejecutivo Federal poner en marcha los cambios legislativos e instrumentar las acciones correspondientes para plasmar dicha reforma en la realidad económica actual del país.
La instrumentación de los cambios de ninguna manera se antojan fáciles, pues por principio de cuentas hay que comenzar la remoción de las viejas estructuras burocráticas que durante décadas han impedido que el sector energético del país avance.
Por supuesto, la reforma energética es un cambio fundamental en la estructura de la economía nacional y se estima que tendrá un impacto en el largo plazo para el Producto Interno Bruto (PIB) de 1.5 a 2.0 por ciento.
Esta estimación significaría que, en materia de generación de empleos, se estarían creando alrededor de unas 400 mil plazas laborales adicionales, cifra que parece corta considerando el tamaño del mercado potencial que representa el sector energético con la apertura que se acaba de decretar.
Para los especialistas, inversionistas, empresarios y alguno que otro polítólogo, la reforma es bienvenida y más todavía la apertura a la competencia de áreas previamente reservadas a las empresas del Estado.
Y a pesar de ese beneplácito, para la mayoría de la población hay un sentimiento de decepción, pues la consecuencia inmediata de la reforma energética no será la baja de los precios de la electricidad, ni del gas, tampoco de las gasolinas como se ha publicitado. Eso tendrá que esperar todavía algunos años.
Eso sí, será un reto importante que las pequeñas y medianas empresas nacionales estructuren atractivas propuestas para los grandes grupos empresariales que hoy día dominan el mercado, para lo cual deberán ir capacitando a su personal e ir definiendo sus estrategias de negocio y ante todo se debe buscar que la mayor parte de los trabajos que se logren con dicha reforma se queden en el país.
Minisalario politizado
Todo parece indicar que la propuesta (una ocurrencia más) del doctor Miguel Angel Mancera Espinosa, jefe de Gobierno del Distrito Federal, de incrementar el salario mínimo en la capital del país a 100 pesos diarios ha evocado a los demonios del pasado en aras de buscar que su vapuleada imagen y popularidad se reanimen un poco ante tanto desatino de su gobierno.
Nadie está en contra de que los salarios no sólo en el DF, sino en todo el país, suban. No, nada de eso, por el contrario es un tema obligado ante las inmensas carencias que gran parte de la población padece.
Pero los salarios no se pueden incrementar por decreto ni por ocurrencia de alguien que busca la aceptación de la gente a la que gobierna y así lo se han explicado al doctor Mancera, desde el gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, hasta los institutos de investigación económica serios, como el de Ejecutivos de Finanzas.
Es un hecho que el minisalario ha perdido su poder adquisitivo y es una asignatura pendiente de resolver por el bienestar de la población, pero un eventual aumento debe darse con base en la productividad, por tanto no debe politizarse el debate sobre el tema, ya que hasta el momento el doctor Mancera Espinosa no ha dicho cómo se sostendría el incremento salarial, ni de dónde saldrían los recursos para ello.
Se le ha recordado al jefe de Gobierno del DF en los últimos días, a manera de advertencia, que en otras décadas la carrera precios-salarios llevó a inflaciones muy altas. Ese demonio y otros, como el elevado endeudamiento y estancamiento económico que llevaron al país al desastre.
Con la actual parálisis que aún persiste en diversos sectores de la economía y la caída en el consumo privado, la nueva ocurrencia de Mancera parecería no tener algún soporte real, sólido, a menos claro, que esté planeando, al viejo estilo populista, subsidiar esas erogaciones con cargo a los contribuyentes cautivos, o sea cargando más impuestos a los mismos de siempre para allegarse recursos.
¿Estará preparando terreno el señor Mancera ante las elecciones intermedias del 2015 en la capital del país? El funcionario dice que no, sin embargo, para quienes se manejan en esas lides es un hecho que su propuocurrencia lleva un tinte electorero.
Ministros de vivienda en México
México es el anfitrión de la XIII Asamblea General de Ministros de Vivienda y Urbanismo de América Latina y el Caribe (MINURVI), la cual inicia este miércoles en la sede de la Secretaría de Relaciones Exteriores.
Previo a la inauguración de este evento, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), que encabeza Jorge Carlos Ramírez Marín, firmará un convenio de cooperación con la Organización de las Naciones Unidas, al amparo de su programa ONU-Hábitat.
Se le conoce también como Programa de las Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos, mismo que tiene la misión de promover pueblos y ciudades social y ambientalmente sostenibles con el objetivo de proporcionar vivienda adecuada para todos.
*Periodista. Director del Suplemento HábitatMx |
