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Agustín Vargas*

En el tema del manejo financiero de Petróleos Mexicanos, el tráfico de influencias, el robo de combustible, la venta de plazas, las canonjías sindicales etc., etc., no hay reforma energética, fiscal o de cualquier otra índole, ni director general que alcance a poner orden en Pemex, empresa otrora orgullo nacional que ha sido saqueada a más no poder al grado de ponerla, supuestamente, al borde de la quiebra.

Esto viene a colación, porque precisamente el pasado martes las bancadas del PRI, PAN y Partido Verde en la Cámara de Diputados, manifestaron su oposición para que el director de Pemex, José Antonio González Anaya, separe de su cargo a María Rosario Brindis Álvarez, Titular de la Unidad de Enlace Legislativo de esa empresa, por su presunta intervención para que se le otorgaran contratos a su esposo, Alberto Ríos Treviño, por un monto de 567 millones de pesos.

En el marco de la reunión de trabajo de la Tercera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, la diputada del partido Movimiento de Regeneración Nacional Rocío, Nahle García llamó a esos partidos a poner un alto a casos de corrupción como el de Brindis Álvarez, quien debe ser retirada de su cargo, en tanto se realizan las investigaciones de la denuncia interpuesta ante la Secretaría de la Función Pública (SFP).

La coordinadora de la bancada de Morena explicó que González Anaya debe tomar medidas cautelares, debido a que la denuncia contra Brindis Álvarez –quien también es Presidenta Suplente del Comité de Transparencia– es por presunto tráfico de influencias, ejercicio indebido de funciones y conflicto de interés, al haber intervenido para que Pemex Exploración y Producción otorgara contratos a empresas de las que su cónyuge es representante.

Según argumentó la diputada morenista, el Punto de Acuerdo surgió precisamente de una denuncia hecha porque la enlace legislativo de Pemex, o sea Brindis Alvarez, con todos los Congresos de los estados, el Senado y la Cámara de Diputados, incurrió en tráfico de influencias, abuso de poder y otras cosas. “Su esposo trabaja en una empresa que se llama Strategic Excellence y se le adjudicó de forma directa un contrato, sin licitación, de 567 millones de pesos para el servicio a unas plataformas”, puntualizó la legisladora.

Nahle García solicitó también que la Procuraduría General de la República (PGR) inicie las investigaciones por presunto tráfico de influencias y ejercicio abusivo de funciones de Brindis Álvarez, mientras que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) revise la legalidad de los contratos otorgados por adjudicación directa para la prestación de servicios de alimentación y hotelería en la plataformas petroleras, en las que también está involucrada la empresa Delta Al Muhitat Shipping de México.

El asunto, sin embargo, como sucede en este tipo de denuncias y sin eco legislativo, al menos de los partidos que son mayoría, parece que no prosperará, a menos, claro, que haya una verdadera voluntad política de hacerle honor a la reforma energética.

Venta de seguros, poca efectividad

A propósito del sector asegurador, que celebra su convención anual, la cual fue inaugurada por el secretario de Hacienda, José Antonio Meade Kuribreña y quien por cierto destacó la solvencia, fortaleza y transparencia de las operaciones que realizan las compañías de seguros, hay un tema que no les ha resultado nada productivo.

Será porque los clientes y usuarios de los servicios financieros ya están hartos de tanto hostigamiento telefónico que realizan los empleados bancarios que ofrecen a todas horas del día productos, pero la venta de seguros por teléfono es mínima.

De acuerdo con cifras de la Condusef, que preside Mario Di Costanzo Armenta, durante el periodo de julio a diciembre de 2016, 21 aseguradoras reportaron haber realizado un total de 23 millones 556 mil 241 llamadas telefónicas para la venta de seguros, sin embargo, el número de pólizas activadas en el mismo periodo, ascendió a tan sólo 813 mil 772, lo cual implica una efectividad del 3.5%, es decir, sólo 3 de cada 100 llamadas se concluyeron con la venta de un seguro.

Las instituciones que vendieron un mayor número de pólizas en el periodo citado fueron: Patrimonial Inbursa con 321 mil 796, seguida de Seguros BBVA Bancomer con 124 mil 611, Zurich Santander con 118 mil 224 y Seguros Banorte y Banamex con 58 mil 962 y 55 mil 882 pólizas, respectivamente. Estas 5 aseguradoras concentraron casi el 84% del total.

De acuerdo con la normatividad emitida por la Condusef en materia de sanas prácticas, transparencia y publicidad aplicables a las instituciones de seguros, que entraron  en vigor el 24 de diciembre de 2015, las aseguradoras tienen la obligación de enviar a esa autoridad un reporte semestral del procedimiento y control que tienen para garantizar la formalización adecuada de la venta de un seguro por teléfono, respetando el derecho del usuario de  poderlo cancelar en cualquier etapa de su proceso, o incluso dentro del primer mes de vigencia.

Lo anterior, con la finalidad de evitar malas prácticas que se presentan a través de este canal de ventas. Hay que señalar que en los últimos cinco años, las reclamaciones presentadas por los usuarios ante la Condusef ascendieron a 33 mil 623; es decir, un promedio de 6 mil 725 inconformidades por año.

No hay que perder de vista tampoco que el sector asegurador es uno de los que históricamente acumula mayores reclamaciones por parte de los usuarios, además del mañoso manejo de las letras chiquitas de sus contratos.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx.