Agustín Vargas *

En el sector automotriz hay una gran molestia con la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que encabeza Guillermo Haro Bélchez, por la forma como ha dado a conocer las multas que ha aplicado y aplicará a la totalidad de compañías automotrices que operan en el país, por haber comercializado automóviles sin haber tramitado algunos certificados NOM con los que se establecen los límites máximos permisibles de emisiones y ruido.

Fuentes de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), que preside Eduardo Solís, aseguran que en realidad se trata de un problema de tramitología y burocratismo que se arrastra desde 2015, en el que han incurrido sus agremiados por diferentes motivos, pero que los automóviles sí cuentan con todos los aditamentos de cuidado ambiental que marca la Ley.

Consideran que Profepa debería explicar esto muy bien para no confundir a los consumidores mexicanos, en el sentido de que han adquirido autos contaminantes o que las marcas o compañías no son amigables con el cuidado del medio ambiente.

Las sanciones no son por fallas en los autos, son por faltas administrativas, aseguraron. La estrategia de Profepa ha sido exhibir a las compañías una por una para hacer más sensacionalista el proceso, dañando la imagen corporativa de las empresas.

En sus comunicados, Profepa no indica que, en la mayoría de los casos, las empresas automotrices optan por donar dichas sanciones a programas de fortalecimiento del medio ambiente, lo que es admitido por los reglamentos  respectivos.  

Hasta ahora, las empresas sancionadas han sido Ford, Daimler, General Motors, Volvo, Hyundai, Toyota y las motocicletas BMW; sin embargo, se espera que el resto de las compañías también sean exhibidas con esta falta administrativa, como parte de la campaña de promoción personal de Guillermo Haro en la Profepa.

Por cierto, no faltaron los malosos que recordaron que Guillermo Haro Bélchez es un integrante del llamado Grupo Atlacomulco, cuya carrera política la inició como uno de los “delfines” de Emilio Chuayffet, y que como administrador general de la Cámara de Diputados entre 2004 y 2011, protagonizó una de las gestiones más cuestionadas en cuanto al manejo presupuestal y que tan sólo en 2007 tuvo 45 observaciones de la Auditoría Superior de la Federación.

Otro tema recurrente en su presunta responsabilidad por omisión o de plano complicidad en el ecocidio de Tajamar. Recuérdese que, hoy la dependencia a su cargo, emitió permisos irregulares para la construcción del proyecto Malecón Cancún Tajamar.

Comentan los socios de la AMIA que este sí que fue un escándalo que puede resurgir con el juicio del ex gobernador Roberto Borge, y no las cortinas de humo con las que suele sorprender a los medios de comunicación.

El atorón del TLCAN 

México, Estados Unidos y Canadá realizarán la primera ronda de negociaciones para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), del 16 al 20 de agosto de 2017, en Washington, D.C.

Los tres países llegan a la mesa de negociación dispuestos a defender sus intereses y lograr salvaguardar el libre mercado pactado entre el bloque desde 1994 y que por más de dos décadas ha sido base de fuertes lazos entre industrias.

Y es que el pasado lunes 17 de julio, Donald Trump presentó ante el Congreso de su país, el documento en donde especifica los puntos que definirá la ruta para la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) con México y Canadá.

Hay por lo menos tres puntos que podrían atorar y alargar el proceso de renegociación entre los tres gobiernos:

1. Reducir el déficit comercial de EU con México. De acuerdo a cifras estadounidenses, aquella nación tiene un balance deficitario en comercio de bienes con México cercano a 70,000 millones de dólares. La mayor parte de este déficit se concentra en el sector automotriz.

2. Eliminación del capítulo 19 del TLCAN (solución de controversias a medidas antidumping y cuotas compensatorias). Es el único capítulo del texto actual que la administración de Trump quiere eliminar por completo.

Establece un mecanismo de solución de diferencias mediante el cual un agente económico afectado por la imposición de una cuota antidumping o compensatoria puede recurrir a un panel binacional en lugar de a los tribunales nacionales.

Si se acuerda la eliminación, muchos de los casos tendrían que llevarse a la OMC, en donde en promedio la duración del mismo para conocer un veredicto es más extensa. Otro problema es que si se decide eliminar este capítulo, se abre la puerta a otros grupos que busquen prescindir otras disposiciones que consideren desfavorables.

3. Exclusión del mecanismo de salvaguarda global. Este mecanismo es una política comercial que los países pueden utilizar para limitar las importaciones.

En el artículo 802 del TLCAN, se establece que siempre que alguno de los tres países establezca una salvaguarda global, los otros dos socios estarán excluidos de esta medida. Con estas tres solicitudes, EU buscaría tener más influencia en sus batallas comerciales y podría establecer barreras comerciales de forma más fácil y rápida.

Se considera que sin esos candados, el nuevo TLCAN podría hacer que el comercio trilateral de América del Norte sea mucho menos libre y dificulte la realidad económica actual de alcanzar una mayor integración regional.

Además, estos tres temas podrían demorar el proceso de negociación hasta muy avanzado el 2018, dificultando la aprobación en los respectivos Congresos por el proceso electoral en México (junio 2018) y EU (noviembre 2019).

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx.