Agustín Vargas *

Una y otra vez, incluso antes de que se declarara la pandemia por el Covid-19, el sector empresarial del país ha estado proponiendo al Presidente Andrés Manuel López Obrador, diversas alternativas y esquemas para tratar de detener el desplome de la economía del país.

De todas las formas posibles, los empresarios, apoyados en buena medida por un amplio sector de la sociedad, han solicitado el diseño de un verdadero de plan de emergencia económica y no simples paliativos y parches que en nada ayudan a reactivar a la economía.

El mandatario no deja que nadie o quizá ninguno se atreve, por temor a ser linchado públicamente desde el pupitre de Palacio Nacional, a aclararle la visión sobre la gravedad de la situación que padecen millones de micro, pequeñas y medianas empresas, que son el sostén del empleo en México.

Ante la cerrazón presidencial, los empresarios optaron por buscar alternativas de solución y apoyos en el extranjero para tratar de darle salida a la crisis económica y reactivar las cadenas productivas de las mipymes, por lo que recurrieron a un esquema de financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), del que México es miembro activo.

De esta forma el BID, presidido por Luis Alberto Moreno Mejía, estableció un acuerdo con el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), encabezado por Antonio del Valle Perochena, para otorgar 30 mil apoyos financieros a mipymes y obtener un financiamiento de hasta 12 mil millones de dólares.

Conocido el acuerdo, el berrinche del inquilino de Palacio Nacional no se hizo esperar y menos manifestar a los cuatro vientos su desacuerdo y plantearlo como si se tratara de una traición a la Patria.

“No me gustó el modito”, dijo el mandatario para reprochar que, según él, no le hayan tomado en cuenta, pese a que el acuerdo financiero está avalado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, léase Arturo Herrera Gutiérrez y el propio canciller Marcelo Ebrard, haya manifestado su beneplácito por haberse alcanzado dicha operación.

Por supuesto, los descalificativos al acuerdo le afloraron al Presidente López Obrador. “¿Cómo es que hacen un acuerdo y ahora que Hacienda lo avale? ¿Qué nosotros estamos aquí de floreros, de adorno?“, comentó al tiempo que acusó que los empresarios sólo ven al gobierno como un agente que sólo palomea decisiones y no como un participante y vigilante de los acuerdos. “Que quieran imponernos sus planes”.

Casi de inmediato el BID aclaró que el acuerdo no necesita el aval de la SHCP y menos que constituya endeudamiento nuevo para el país. Es una transacción crediticia con respaldo y cargo a las facturas de las empresas, por tratarse de una operación de factoraje. El BID, pues, tiene sus propios datos.

Es momento de buscar soluciones y no confrontación, reviró al mandatario por su parte Carlos Salazar Lomelín, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

El acuerdo de BID Invest, miembro del Grupo BID y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN), está basado en el financiamiento a través de factoraje inverso, instrumento que permite a las mipymes obtener una alternativa de financiamiento sencilla y a tasas muy atractivas, cuyo objetivo es construir un programa de 3 mil millones de dólares en líneas de crédito.

El producto de crédito, revolvente y con un plazo medio de 90 días, permitirá financiar un monto estimado por hasta 12 mil millones de dólares (aproximadamente 290 mil millones de pesos) al año en facturas de 30,000 proveedores mipymes de México. Las disposiciones se podrán hacer tanto en pesos mexicanos como en dólares, dependiendo de la necesidad de cada mipyme.

En México existen aproximadamente 4.1 millones de mipymes que aportan el 42% del Producto Interno Bruto (PIB) y generan el 78% del empleo en el país. Sin embargo, solamente un 23% obtiene financiamiento de la banca comercial y este menor acceso al crédito representa una de las principales limitantes para su expansión y supervivencia.

Debilidad aún antes de la pandemia

El Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), indicador del Inegi que mide la trayectoria de la economía, observó una reducción anual de 1.6% en febrero, la mayor desde noviembre de 2009. A tasa mensual el IGAE cayó 0.2%, por las disminuciones de la producción industrial (0.6%) y del sector agropecuario (5.7%), mientras que los servicios crecieron en 0.1%.

Durante el periodo de enero-febrero, el IGAE desestacionalizado retrocedió en 1.2% anual, que se compara con un incremento de 0.9% en enero-febrero de 2019. En este sentido, el crecimiento acumulado de la producción industrial y los servicios durante enero-febrero se ubicaron en mínimos para un primer bimestre desde 2009.

Las cifras del IGAE indican que la tendencia gradual a la baja de la actividad económica persistió hacia febrero, lo que revela que la descomposición de la economía ya estaba más que dibujada aún antes de haberse declarado la pandemia sanitaria.

La epidemia de Covid-19, la caída de los precios petroleros y la tímida respuesta de política económica, han deteriorado significativamente la perspectiva para el resto del año. En particular, se anticipa una caída del PIB de 9.0% en 2020.

Es de destacar que la construcción continúa debilitándose, ahora principalmente por el componente privado. Los resultados de la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC) indican que en febrero de 2020 la producción y el empleo en este sector prolongaron la tendencia a la baja que registran desde mediados de 2018.

En particular, el valor real de la producción en la construcción registró una disminución mensual desestacionalizada de 0.7%, por lo que acumuló 13 meses consecutivos con reducciones mensuales.

A tasa anual, en febrero el valor de la construcción cayó 16.1%, la mayor en la historia del indicador (inicia en 2006), debido a las reducciones de 16.8% de la pública y de 16.1% de la privada (también la mayor en la historia del indicador). Asimismo, el empleo cayó 10.0% anual, y las horas trabajadas se redujeron 10.6%, mientras que las remuneraciones reales aumentaron 4.9%.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx