La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, llamó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México a caminar en conjunto a través de cinco acciones que atiendan problemáticas sociales y garanticen la aplicación y restitución de derechos. Aseguró que este organismo autónomo debe ser fuerte independiente y crítico. 

Durante la presentación del Informe Anual del organismo autónomo, la mandataria capitalina expuso cinco acciones para solicitar el acompañamiento de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la primera de ellas orientada a la transformación de la Procuraduría Social en la Defensoría Social del Pueblo para construir un nuevo modelo de exigibilidad de derechos. 

Llamó también a construir un nuevo modelo penitenciario en la Ciudad de México que garantice la reinserción para que quienes cumplan sus condenas y que puedan recuperar su libertad sin nuevas heridas que los empujen de nuevo a la violencia. 

Propuso, además, construir en conjunto un programa para la atención de personas en situación de calle y generar una política integral que abra caminos reales hacia los derechos de este sector de la población. 

En el marco de la próxima discusión de la Ley de Rentas Justas, Razonables y Asequibles que será enviada al Congreso capitalino, convocó a la construcción de un nuevo protocolo para la atención de los desalojos en la Ciudad de México y evitar espacios de abuso, violencia o vulneración de derechos humanos. 

Asimismo, exhortó a la Comisión de Derechos Humanos de la capital a continuar con el acompañamiento y atención a personas desaparecidas, un tema que, agregó, es necesario seguir trabajando de manera unida para garantizar el derecho de las personas buscadoras a contar con toda la fuerza del Estado. 

“Tenemos cinco tareas, cinco propuestas, en las que queremos caminar juntas y juntos, para tener alternativas buenas para esta ciudad”, expresó Brugada Molina tras el llamado a la colaboración conjunta. 

En este contexto, la titular del Ejecutivo local aseguró que la Ciudad de México necesita una Comisión de Derechos Humanos fuerte e independiente, pero que también sea crítica e independiente. 

“Para todas estas tareas necesitamos una Comisión de Derechos Humanos fuerte e independiente; incómoda cuando tenga que ser incómoda, crítica, cuando tenga que ser crítica y siempre cercana a las víctimas y que cuando corresponda también reconozca los avances de la ciudad”, afirmó. 

Brugada Molina reconoció la labor realizada por la institución, la cual aseguró que hoy presenta más que datos o cifras, pues se trata del registro de miles de historias humanas, de personas que acudieron a una institución pública para ser escuchadas, acompañadas y protegidas. 

“La concepción de derechos humanos que tenemos es que no basta con señalar una violación, hay que detenerla; no basta con documentar una injusticia, hay que repararla; no basta con mirar hacia atrás para determinar qué ocurrió, hay que mirar hacia adelante para impedir que vuelva a suceder”, aseveró. 

Añadió que los gobiernos democráticos no deben temer a una Comisión de Derechos Humanos fuerte e independiente, sino ampliar su capacidad institucional con el objetivo de prevenir violaciones, señalarlas e investigarlas, además de exigir responsabilidades y contribuir a que haya consecuencias y reparación. 

Por ello propuso el reconocimiento constitucional de tres nuevos derechos humanos: al cuidado, ya establecido en la Constitución local; al arraigo, para que nadie abandone el lugar donde ha construido su vida; y a la educación inicial y un ingreso garantizado de 0 a 3 años. 

La mandataria capitalina señaló que no solo es la defensa de los derechos humanos sino que se debe exigir coherencia, por lo que pidió activar la fuerza solidaria de la ciudad de México, que históricamente abraza a quienes huyen de la persecución, la violencia y de la guerra. 

La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos local, María Dolores Saravia Calderón, presentó los avances del organismo a su cargo durante el periodo de 2025 y resaltó el fortalecimiento del mecanismo de restitución inmediata de derechos, el trabajo territorial con oficinas en las 16 alcaldías, el acompañamiento integral a procesos de búsqueda y movilizaciones sociales, así como las acciones dirigidas a grupos de atención prioritaria y promoción de derechos humanos. 

Reconoció que la rendición de cuentas también contempla los pendientes y áreas de oportunidad identificados, con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta de la Comisión. Planteó la necesidad de ir de los casos a las causas, identificando problemáticas comunes que requieren acciones colectivas y sostenidas, así como fortalecer la documentación y el acompañamiento para garantizar verdad, justicia, reparación y no la repetición de las violaciones a derechos humanos. 

Destacó como asuntos prioritarios la seguridad jurídica, el acceso a la justicia, la libertad e integridad personal, así como la atención de problemáticas relacionadas con otrtura, malos tratos y detenciones arbitrarias, y planteó profundizar el trabajo con grupos de atención prioritaria. 

Enfatizó la importancia de articular esfuerzos con instituciones, organizaciones sociales, academia y ciudadanía para impulsar procesos comunitarios, educativos y de diálogo que contribuyan a la defensa y garantía de derechos y a la construcción de paz, manteniendo una relación cercana, respetuosa y constructiva con los poderes públicos, bajo los principios de autonomía e independencia. 

La titular de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, destacó el trabajo interinstitucional con la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, que ha evitado que las faltas a los derechos humanos se normalicen gracias a una rigurosa observancia de las funciones que se llevan a cabo. 

“Hemos encontrado una comisión que apuesta por el diálogo y por la construcción de puentes con las instituciones, pero que entiende que dialogar no significa renunciar a su independencia ni a su capacidad de señalar”, indicó. 

Asimismo, resaltó la función principal de la Comisión como voz de las víctimas, quien a su vez las escucha, conoce su experiencia e interpreta el mensaje para mostrarlo a las instituciones como una exigencia concreta del cambio que se requiere en la atención.