En la mesa titulada “La vida al interior de los reclusorios”, moderada por el también presidente de Nueva Alianza en la capital, Jorge Gaviño Ambriz, el diputado aliacista denunció que la situación en el interior de los Centros de Reclusión del Distrito Federal en los últimos tiempos se ha visto afectada por la corrupción  y sobrepoblación existente en los mismos, tal es el caso del Reclusorio Norte, Oriente y Sur, lo cual afecta la vida no sólo de los internos sino también de sus familias.

La vida de un interno es muy cara, desde el momento en el que ingresan hasta que salen, son víctimas de la delincuencia organizada. En las llamadas “aduanas” se ingresan artículos que están “prohibidos” en los penales, la calidad de la comida es deficiente; el servicio médico, obsoleto y aún cuando las familias de los presos pudieran solventar el gasto de los medicamento, esto se dificulta por los trámites burocráticos.

Por lo que llamó a implementar un sistema de video-vigilancia, el cual esté enlazado con la Secretaría de Gobierno y la Subsecretaría del Sistema Penitenciario, para que se investigue y combatan los actos de corrupción que se comenten al interior de los reclusorios.

En su oportunidad, Celina Oseguera, dijo que es necesario reconocer que el sistema penitenciario a nivel nacional se encuentra en crisis, porque “se han minimizado las penas y aumentado el índice de criminalidad”; sin embargo, aclaró que en todo el país “no existe un sistema penitenciario comparado al del Distrito Federal” en el que se alberga una población penitenciaria comparada a la población de este tipo que debería existir en tres estados de la República, por lo que la sobrepoblación constituye una limitación para salvaguardar los Derechos Humanos de los recluidos en los 10 sistemas penitenciarios.

Aseguró que en septiembre del 2008, existían 37,700 internos mientras que hasta noviembre de este año hay 42,159 internos, de los cuales 37,928 son hombres y 4,231 mujeres, cuando se tiene una capacidad instalada para 22,453 personas.

Como uno de los logros de la actual administración del Jefe de Gobierno Marcelo Ebrard, dijo que se aprobó la contratación de más de mil personas cuyo perfil se califica con base en lo establecido en el Sistema de Seguridad Pública. Esto debido a que custodio cuida a 92 internos, situación que excede la Norma Internacional que indica que la relación existente debe ser de 10 internos por custodio.

Finalmente, manifestó que el SICAVI (Sistema Integral de Control de Acceso a la Visita), permite obtener información confiable a través de las huellas digitales y fotografías de los visitantes, facilitando el sistema de visitas con el que se ha reducido a la mitad el ingreso de personas cuya objetivo no es ver a sus familiares presos.

García Cavazos, dio a conocer que las enfermedades más comunes al interior de los reclusorios son las relacionadas con infecciones respiratorias, gastroenteritis, gastritis, gingivitis, diabetes mellitus (de tipo dos) e infecciones en las vías urinarias, enfermedades desarrolladas por una higiene deficiente.

Ante tal situación, aseguró que la dependencia a su cargo, trabaja para evitar epidemias de fácil propagación por las condiciones de hacinamiento en las que viven los internos, pero esta labor se ve dificultada si se considera que no existen estímulos económicos que incentiven el desarrollo profesional de médicos o enfermeras en los reclusorios. “Las personas prefieren trabajar en un área con menos riesgos”, sentenció.

Aprovechó la oportunidad para dar a conocer que están trabajando en la promoción de una maestría de “Medicina Penitenciaria” que tenga un enlace directo de trabajo con la Secretaría de Salud.

En su participación, el abogado Juan Velázquez, llamó a trabajar en la prevención preventiva, porque es preferible que las personas estén en libertad a que se corrompan en las prisiones, dijo.

Mientras que el consultor Fernando Franco, aseguró que el tema del Derecho Procesal es penoso en la capital del país, esto debido a que no existe un sistema de pruebas, dificultando así la labor de los abogados litigantes quienes se ven la necesidad de realizar un doble esfuerzo para que los acusados sean escuchados.

Asimismo, dijo que es derecho fundamental de una persona puesta en proceso judicial, que se desahoguen las pruebas para que se desarrolle un juicio justo.

Aseguró que en lo correspondiente a la ejecución de las penas que tienen que pagar los reclusos, es necesaria la existencia de un modelo arquitectónico que abarque incluso el lugar donde éstos desarrollan su vida íntima, de lo contrario, es imposible una verdadera rehabilitación.

Mientras que Luís Madrigal, manifestó que desde 1976 a la fecha, los reclusorios sólo han cambiado pero en la forma, no en el fondo. Porque la venta de droga, la calidad de la comida y el ejercicio de la prostitución, son actividades que siempre se han desarrollado.

Cuestionó el avance que la capital del país ha tenido en materia de reclusorios, considerando que el 70% de los reclusos son primodelincuentes y menores de 35 años de edad, y al interior, existe una segmentación entre quienes tiene un buen poder adquisitivo y dormitorios de lujo y quienes viven en condiciones de hacinamiento.

Llamó a los presentes a implementar el sistema español, en donde hay distintas cárceles distritales en las que se separan a los internos por clase de delito, edad y educación, esto con el objetivo que las cárceles no se conviertan en escuela de delincuencia.

Finalmente, llamó a acabar con el Artículo 19 Constitucional, el cual establece: “El Ministerio Público sólo podrá solicitar al juez la prisión preventiva cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso”.