La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, encabezó esta mañana el homenaje a las víctimas, sobrevivientes, rescatistas, organizaciones sociales y colectivos de damnificados de los sismos de 1985 y 2017, que con solidaridad y organización ciudadana contribuyeron a enfrentar las consecuencias de estas tragedias.

 Desde el jardín flotante Tlallipan, la mandataria reiteró su compromiso para concluir la reconstrucción hasta que la última familia afectada pueda regresar a su hogar, pues su gobierno es heredero de la lucha social surgida posterior al sismo de 1985.

 “Hoy rendimos homenaje a las víctimas del 85 y 2017. Y la memoria obliga, quienes hoy gobernamos estamos obligados porque sabemos de dónde venimos: Venimos de las costureras del 85, venimos de los damnificados organizados, venimos de las luchas por vivienda, venimos del Movimiento Urbano Popular (…) Venimos de la lucha desde abajo y por eso estamos aquí y por eso vamos a cumplir y vamos a seguir transformando esta ciudad”, aseguró.

 Durante su mensaje, antes de brindar un minuto de silencio y colocar una ofrenda floral en el Jardín Flotante sobre calzada de Tlalpan, a un costado de donde se encontraba el edificio de las costureras, la jefa del Ejecutivo local reconoció la labor de instituciones de emergencia, organizaciones civiles, colectivos de damnificados y ciudadanos que participaron en las labores de rescate y reconstrucción.

 Asimismo, destacó la presencia de representantes históricos de los movimientos surgidos tras los terremotos, entre ellos integrantes del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, organizaciones vecinales y colectivos de familias afectadas, al señalar que los sismos forman parte de la memoria colectiva de la ciudad y constituyen una lección permanente sobre la capacidad de organización del pueblo ante la adversidad.

 En ese sentido recordó que el terremoto de 1985, subrayó que la respuesta ciudadana evidenció la fuerza de la solidaridad popular frente a la insuficiencia gubernamental de la época, dando origen a movimientos sociales, vecinales, sindicales y de vivienda que transformaron la vida pública de la capital y fortalecieron la lucha democrática.

 “Vivimos una auténtica primavera de efervescencia y fraternidad popular que sembró una semilla que florecería después en la transformación de la ciudad y del país. Éramos jóvenes, pero fuimos parte de esa lucha y allí aprendimos a organizarnos, allí aprendimos a militar por la justicia”.

 Acompañada por integrantes de su gabinete legal y ampliado, la jefa de Gobierno dedicó una mención especial al movimiento de las costureras que emergió tras el colapso de los talleres textiles de San Antonio Abad, al que calificó como un símbolo de dignidad, organización y justicia social. Destacó que la lucha de estas mujeres dejó una profunda huella en la historia de la ciudad y contribuyó a la construcción de una ciudadanía más participativa y consciente de sus derechos.

 Al referirse al sismo de 2017, Brugada Molina destacó que una nueva generación volvió a demostrar la misma capacidad de solidaridad y organización que caracterizó a la ciudad en 1985, y mientras se organizaban las cadenas humanas, brigadas de apoyo por parte de miles de voluntarios la cúpula del gobierno se organizaba para hacer negocios.

 “No podemos olvidar que quienes tenían la responsabilidad de la reconstrucción en 2017 terminaron con graves investigaciones por corrupción. Hay que decirlo con claridad, mientras abajo el pueblo se organizaba para levantar la ciudad, arriba la cúpula del gobierno se organizaba para aprovechar, para tratar de hacer negocios o para robar”, criticó.

 Asimismo, señaló que ante ello su administración y los gobiernos de la Cuarta Transformación asumieron la reconstrucción de viviendas afectadas como una responsabilidad pública, transparente y con enfoque social, dejando atrás esquemas que pretendían trasladar costos y deudas a las familias damnificadas.

 En este contexto, informó que el programa de reconstrucción registra actualmente más de 97 por ciento de avance, con 20 mil 556 viviendas entregadas a familias afectadas y los inmuebles que permanecen en proceso de construcción presentan avances superiores al 60 por ciento, con una inversión pública total superior a los 15 mil 500 millones de pesos.

 “Nuestro compromiso es invariable: La reconstrucción termina cuando la última familia regrese a casa, y en eso estamos comprometidas y comprometidos para hacerlo lo más rápido posible”, subrayó.

 Finalmente, Clara Brugada reafirmó que la memoria de las víctimas obliga a continuar trabajando por una ciudad más justa, solidaria y resiliente, “Cuando las cosas se ponen difíciles, nos tenemos en esta ciudad a los unos y a los otros. El pueblo salvó al pueblo. El pueblo salva al pueblo”.

 Previamente, a las 7:19 horas, la jefa de gobierno acompañó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, al izamiento de bandera a media asta en la Plaza de la Constitución.

 La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa Venegas, destacó que los sismos de 1985 y 2017 fortalecieron la solidaridad, la organización y la capacidad de respuesta de la población ante situaciones de emergencia.

 Señaló que la tragedia de 1985 impulsó el nacimiento de la protección civil en México, mientras que la experiencia de 2017 permitió avanzar de un enfoque reactivo hacia uno preventivo, mediante la consolidación de la gestión integral de riesgos y una mayor preparación ante emergencias.

 Urzúa Venegas informó que la Ciudad de México cuenta actualmente con un sistema de atención de emergencias sísmicas articulado, así como un Plan de Emergencia Sísmica que se evalúa y mejora después de cada simulacro. Esta estructura territorial involucra a más de 5 mil funcionarios de distintas dependencias para garantizar una respuesta coordinada y oportuna ante una contingencia.

 Asimismo, la fundadora del Sindicato de Costureras 19 de Septiembre, Gloria Juandiego Monzón, evocó la lucha histórica de su gremio tras el sismo de 1985 y demandó la protección activa del Monumento a la Costurera como un símbolo vivo de dignidad e historia obrera.

 En su intervención, Narciso López Aguilar, en representación del colectivo Damnificados 19S-17, respaldó los avances logrados en la restitución de viviendas y sostuvo que la labor coordinada entre las organizaciones civiles y el gobierno capitalino permitirá resolver los rezagos pendientes.

 A su vez, el activista Héctor de la Cueva, del Movimiento de Familias Damnificadas 19S, reconoció el esquema de reconstrucción sin costo para las familias como un precedente de derecho social, aunque enfatizó la necesidad de agilizar las últimas entregas e impulsar un acompañamiento jurídico que otorgue certeza patrimonial definitiva.

Por su parte, Mónica Romero, a nombre del colectivo Damnificados Unidos de varias alcaldías, instó a no reducir a los afectados a simples estadísticas y propuso aprovechar la experiencia ciudadana para convertir a septiembre en el mes de la prevención mediante políticas públicas integrales.

 Finalmente, el luchador social Súperbarrio Gómez rindió homenaje a los rescatistas anónimos de 1985 y llamó a consolidar una «revolución urbana» que traduzca la Constitución de la ciudad en poder popular y participación activa en la planeación metropolitana.