La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega, exhibió documentos que demuestran que la Alcaldía Cuauhtémoc ha solicitado -tras denuncias vecinales- llevar a cabo visitas de verificación en 6 de los 17 inmuebles que se encuentran en proceso de demolición en la demarcación y que se encuentran bajo el esquema de “Acuerdo de facilidades”, sin embargo, dichas visitas no han sido permitidas bajo el argumento de que son competencia del Gobierno de la Ciudad de México. 

“En la Cuauhtémoc hay 17 demoliciones bajo este mismo acuerdo de facilidades. ¿Qué creen? En seis de ellas no nos han dejado verificar. ¿La razón? Porque tienen acuerdo de facilidades administrativas, solo el gobierno de la ciudad puede verificar esas obras. Solo ellos. Aquí están los oficios y las pruebas”, expuso al tiempo de mostrar en pantalla los documentos que acreditan lo mencionado. 

Tres personas murieron tras el colapso de un inmueble en proceso de demolición en San Antonio Abad. “Esto no se politiza, se respeta”, afirmó la alcaldesa al ofrecer un mensaje ante medios de comunicación en el que presentó documentos y explicó la actuación de la alcaldía y del Gobierno de la Ciudad de México. 

La alcaldesa señaló que la demolición contaba con autorización del gobierno central y no de la alcaldía. De acuerdo con lo expuesto, dicho permiso no solo autorizaba la intervención del inmueble, sino que establecía la obligación de supervisar la obra, coordinar el proceso y garantizar la seguridad tanto del edificio como de las zonas aledañas. 

“Esa demolición tenía permiso del gobierno de la ciudad, no de la alcaldía. Y ese permiso implicaba responsabilidades claras”, sostuvo. 

Durante la conferencia, Ale Rojo de la Vega expuso -con pruebas documentales-, que estas autorizaciones se otorgan a partir del denominado “acuerdo de facilidades”, derivado de la Comisión para la Reconstrucción de la Ciudad de México, creada tras el sismo de 2017. Este mecanismo permite realizar demoliciones bajo un esquema excepcional. 

Según los documentos presentados, en su actualización más reciente —publicada en 2025— dicho acuerdo permite llevar a cabo demoliciones incluso sin cumplir con algunos requisitos, como contar con un programa de protección civil. Asimismo, establece que la supervisión, coordinación y responsabilidad de las demoliciones recaen en la Secretaría de Vivienda del Gobierno de la Ciudad de México (SEVIVIENDA) y en la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. 

“Ellos autorizaron, ellos tenían la obligación de supervisar y ellos debían garantizar la seguridad”, expresó. 

En contraste, de acuerdo con documentos que obran en los archivos de la alcaldía, se demostró que cuando la empresa responsable solicitó permiso para la demolición, se identificaron riesgos para la seguridad de las y los vecinos, por lo que se determinó no autorizarla en ese momento. 

Días después -relató la alcaldesa- el gobierno central autorizó la demolición bajo el esquema del acuerdo de facilidades, pese a los señalamientos realizados por la alcaldía. 

La alcaldesa también explicó que las labores de verificación en obra no dependen directamente de la alcaldía, sino del Instituto de Verificación Administrativa (INVEA), organismo del Gobierno de la Ciudad de México encargado de realizar las inspecciones. 

En ese sentido, señaló que la alcaldía ha solicitado formalmente acompañamiento para llevar a cabo verificaciones; sin embargo, el propio instituto informó que no cuenta con personal suficiente para atender la totalidad de estas solicitudes, por lo que, de octubre 2025 a la fecha, hay cientos de solicitudes que no han sido atendidas por el INVEA. 

Asimismo, la alcaldesa se refirió a la atención del único trabajador que sobrevivió al colapso, quien fue trasladado inicialmente por personal de Protección Civil de la alcaldía para recibir atención médica al Hospital Rubén Leñero. 

Señaló que, ante las condiciones en las que posteriormente fue dado de alta, se brindó apoyo para garantizar su atención y resguardar su integridad. “Aquí lo importante es la vida de las personas. El servicio público es resolver”, expresó. 

Finalmente, la alcaldesa lamentó que, en lugar de asumir responsabilidades, el tema ha sido llevado al terreno político. “Aquí hay documentos, aquí hay normas y aquí hay hechos. La verdad está sobre la mesa”, afirmó. 

La alcaldesa de Cuauhtémoc reiteró su disposición a colaborar institucionalmente y subrayó la necesidad de revisar los mecanismos vigentes para evitar que hechos como este se repitan.