Agustín Vargas *

Este jueves primero de octubre, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidirá si se declara o no inconstitucional la solicitud del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar una consulta popular que defina si se enjuicia a los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa, y Enrique Peña Nieto.

Por supuesto que no había mucho que analizarle al asunto y al ministro Luis María Aguilar, encargado de la ponencia respectiva, le llevó sólo una semana  elaborar el proyecto de resolución, mismo que propone se declare como inconstitucional la petición para realizar la consulta popular de enjuiciamiento a los cinco exmandatarios.

“… esta Corte considera que el objeto de la consulta popular debe considerarse inconstitucional, pues la materia que se solicita consultar, de acuerdo a su diseño y contenido, conlleva en sí una restricción de los derechos humanos y una afectación a las garantías para su protección, al condicionar su efectividad y ejecución al resultado de ese mecanismo participativo; desnaturalizando con ello su propósito y finalidad”, detalló el documento emitido el 24 de septiembre.

La noticia le cayó como balde agua fría al presidente López Obrador y su reacción básicamente se centró en pedir a la Corte actuar con apego a la ley y no dejarse intimidar, lo cual fue interpretado como un claro mensaje a que dará la batalla si la decisión de los ministros es mayoritariamente en contra de su solicitud de vendetta para ajusticiar a los expresidentes, a quienes considera sus más acérrimos enemigos.

¿Y los delitos?

Pero ¿de qué delitos los acusa López Obrador? Técnica y jurídicamente, de nada en particular. Veamos.

A Carlos Salinas de Gortari lo acusó de que en su sexenio (1988-1994) la desigualdad en México se profundizó y señaló que en esta administración se entregó a particulares nacionales y extranjeros, la cantidad “sin precedentes” de bienes públicos.

A Ernesto Zedillo (1994-2000), lo acusó de continuar con las políticas privatizadoras de su antecesor "y las llevó hasta sus últimas consecuencias" en el caso del Fobraproa en donde la deuda pública se terminará de saldar hasta el año 2070.

A Vicente Fox (2000-2006) lo señaló de intervenir en la elección de 2006 en favor de Felipe Calderón e impedir el triunfo de la oposición que él encabezaba.

Mientras que a Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012) lo señaló como responsable de embaucar al país en una estrategia militar para combatir al narcotráfico, pero, indicó López Obrador en en su exposición de motivos, se exacerbó la violencia y se multiplicó las zonas del territorio nacional bajo el control de la delincuencia.

En tanto que a Enrique Peña Nieto (2012-2018), su antecesor, lo acusó de utilizar grandes cantidades de dinero de procedencia desconocida en su campaña cuando era candidato presidencial del PRI en las elecciones de 2012, lo cual no tuvo consecuencias legales para que se anulara la elección.

Tal como se ve, hay un cúmulo de ideas y ocurrencias del presidente López Obrador que según él merecen ser consideradas para llevar al paredón a los cinco exmandatarios, aunque técnicamente no hay una acusación de delito alguno ni sustento jurídico para acceder a su petición.

Habrá que esperar a la sesión de este jueves en la Suprema Corte, para ver si  se mantiene por mayoría de votos el criterio de inconstitucionalidad del proyecto elaborado por el ministro Luis María Aguilar.

Pero más allá de esto, y lo plantea muy claro dicho criterio, el Estado y por ende el gobierno de López Obrador, tienen la obligación constitucional de investigar y aplicar la ley cuando se comete algún delito y no dejarlo a la libre interpretación y voluntad popular. Es responsabilidad absoluta de las autoridades, que encabeza el presidente de la República.

Plan de reactivación ¿ ahora sí?

El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) y el Consejo Mexicano de Negocios (CMN) adelantaron que el próximo lunes, en conjunto con el presidente Andrés Manuel López Obrador, se dará a conocer el plan de infraestructura para reactivar la economía del país, luego de la crisis por la pandemia de coronavirus.

Carlos Salazar Lomelín, presidente del CCE, dio la “primicia": “De una vez se los anticipamos, el próximo lunes ( 5 de octubre) se va a anunciar ya un acuerdo entre el sector privado y el Gobierno Federal para la reactivación económica, en donde el primer paso de esa reactivación  son todos los proyectos de infraestructura".

Por su parte, Antonio del Valle, titular del CMN, comentó que contemplan un mecanismo para integrar más proyectos de diversas áreas. "Hemos hablado muchas veces, la forma en que cómo sacar ciertos proyectos que son de muy corto plazo”

En un inicio se tenía previsto que dicho plan se presentaría antes del 15 de septiembre, pero se fue postergando y así ha sido desde noviembre del 2019. Esperemos que ahora si el señor presidente de la República haga caso y tenga en mente la urgente necesidad de la reactivación de la economía, por el bien no sólo de los pobres, sino de toda la población y del país en general.

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*Periodista, director de la Revista Hábitat Mx