El Congreso capitalino llamó a la Fiscalía General de la República (FGR) a iniciar una investigación exhaustiva sobre los posibles nexos, financiamiento, logística y participación de Alejandro Moreno Cárdenas, así como de la dirigencia nacional, y las estatales en la Ciudad de México y Estado de México, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), en los hechos violentos ocurridos durante la marcha del 15 de noviembre y su posible vinculación con grupos porriles y del grupo delictivo denominado “los 300”.

Al respecto, el diputado Paulo Emilio García González (MORENA) indicó que es importante cuidar los espacios donde se puedan dirimir de manera pacífica y democrática las diferencias, ya que la política sirve para impulsar el diálogo y llegar a acuerdos. Agregó que existe un “modus operandi” que utiliza la dirigencia nacional del PRI para organizar y financiar la violencia, lo cual se visibilizó al reunir un grupo de 100 porros para realizar estas agresiones, con un pago de 10 mil pesos por persona.

La proposición sostiene que en la marcha convocada en redes sociales por influencers y supuestos grupos juveniles de la llamada “Generación Z”, se evidenció la infiltración de grupos de choque, porros organizados y personas vinculadas a estructuras de financiamiento oscuro, cuyo objetivo no fue la protesta pacífica, sino la provocación violenta, la desestabilización y la agresión directa contra elementos policiales y participantes.

Por lo anterior, también se exhortó respetuosamente a la Fiscalía General de Justicia CDMX a realizar todas las acciones necesarias para identificar, investigar y sancionar a las personas involucradas en la infiltración de dichos grupos de choque y su financiamiento, para garantizar el derecho de las juventudes a manifestarse sin ser usadas por intereses políticos o criminales.

La congresista Tania Nanette Larios Pérez (PRI) se pronunció en contra, afirmando que el único sustento para acusar a la oposición es el pasquín del diario Regeneración Nacional. Dijo que el punto de acuerdo se basa en una nota publicada en este medio en 2018 y que el grupo parlamentario de MORENA actúa con las atribuciones de una comisión especial que no se ha creado.

Al tomar la palabra para hablar a favor, la congresista Xóchitl Bravo Espinosa (MORENA) enfatizó que el derecho a la protesta es sagrado en la izquierda y no puede sostener intereses de partidos políticos ni grupos delincuenciales. Advirtió que lo ocurrido no fue espontáneo, ya que había grupos organizados que buscaban confrontación directa; aseguró que los propios militantes del PRI informaron de estas acciones.

Por su parte, el diputado Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) señaló que el bloque negro tiene sus raíces dentro del mismo gobierno actual, ya que todos los problemas actuales de inseguridad se desprenden desde que entró la nueva administración.

El congresista Juan Estuardo Rubio Gualito (PVEM) mencionó que históricamente el partido que era hegemónico en el país tenía relación directa con los grupos porriles que se dedicaban a frenar las marchas legítimas de la sociedad.