El diputado Pablo Trejo presentó ante el Pleno del Congreso de la Ciudad de México una iniciativa de ley para normar el comercio en el espacio público, calificándola como una "oportunidad histórica" para resolver rezagos en materia de derecho al trabajo y certeza jurídica para miles de comerciantes.

El proyecto, impulsado tras la solicitud de un "nutrido e importante grupo de comerciantes y de dirigentes de tianguis", busca ser la Ley Reglamentaria de los numerales 12 y 13 del apartado B del artículo 10 de la Constitución local. La iniciativa se rige bajo el principio “nada de nosotros sin nosotros”, que ha sido el rector en el trabajo de la iniciativa.

Trejo Pérez destacó que la propuesta es “robusta, incluyente y retoma lo mejor de las iniciativas que fueron presentadas en las anteriores legislaturas”, como la “Iniciativa Chambeando Ando”.

Además, recupera “la experiencia centenaria de nuestros pochtecas”. También reconoció el trabajo de la diputada Diana Sánchez Barrios y del diputado Juan Estuardo Rubio Gualito, quienes han puesto sus “mejores esfuerzos” en esta tarea.

El legislador señaló que el Estado mexicano tiene una deuda histórica en la regulación del comercio en el espacio público, un tema que ha sido reconocido desde la campaña de la jefa de Gobierno, Clara Brugada.

Actualmente, la falta de certeza jurídica y la “normatividad existente parcial y ambigua” dejan a los comerciantes “no al arbitrio de la ley, sino a merced de la autoridad en turno”, lo que a menudo deriva en “prácticas de corrupción y abuso” por parte de autoridades de nivel intermedio.

La iniciativa busca una ley que “dé certeza jurídica, que no sea regresiva ni punitiva” y que dicte los derechos y obligaciones con la participación de la base social. Sus principios rectores incluyen:

Progresividad y no regresividad de los derechos.

Legalidad y seguridad jurídica.

Corresponsabilidad social.

Transparencia y rendición de cuentas.

Igualdad y no discriminación.

Sustentabilidad.

El comercio en el espacio público y el trabajo no asalariado son “de las principales actividades generadoras de empleo en la Ciudad de México". Trejo enfatizó que aunque el trabajo de los comerciantes ha sido “invisibilizado, e incluso criminalizado”, cumple funciones sociales vitales, como garantizar la “saludable cadena alimentaria”.

Además, el comercio popular “ha logrado tener una fuerza que es capaz de regular una suerte de equilibrio económico, comercial y financiero, en nuestra ciudad”. Las actividades de este gremio refuerzan la estabilidad del tejido social, estableciendo un "vínculo con la comunidad en el día a día" y reforzando las identidades de barrios y regiones.

El Diputado del Distrito 15 en Iztacalco enfatizó el rol insustituible del comercio en el espacio público, no sólo como una fuente de empleo directo e indirecto, sino como un elemento clave para la cohesión social. Destacó que las actividades de los comerciantes favorecen la “densidad y estabilidad del tejido social” al establecer un “vínculo con la comunidad en el día a día”, reforzando además el entramado de identidades de barrios y regiones en la gran urbe.

Esta iniciativa se impulsa con una visión integral, buscando equilibrar los derechos de los comerciantes, los derechos de la ciudadanía y la necesidad de un desarrollo urbano armónico para la Ciudad de México.

La propuesta legislativa busca transformar la relación entre la autoridad y los trabajadores por cuenta propia. Mientras que la normatividad actual ha sido parcial y ambigua, permitiendo una discrecional aplicación por parte de autoridades de nivel intermedio que “con frecuencia incurren en prácticas de corrupción y abuso”, la nueva ley aspira a un “modelo de gobernanza participativa, transparente y sustentable”.

El objetivo es claro: garantizar el derecho al trabajo con certeza jurídica y condiciones dignas, reconociendo al comercio en el espacio público como una "actividad legítima, digna y socialmente valiosa" en la vida de la Ciudad de México.

El proyecto busca equilibrar el derecho al trabajo con el derecho a la ciudad, garantizando “un modelo de gobernanza participativa, transparente y sustentable, que reconozca al comercio en el espacio público como una actividad legítima, digna y socialmente valiosa”. El diputado concluyó que regular el comercio es, “en esencia, regular el uso de un bien que es de todos”.

La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Administración Pública Local y la de Aprovechamiento del Espacio Público para su análisis, discusión y eventual aprobación.