“La procuración de justicia, es uno de los factores de mayor sustento dentro de la Democracia y para consolidar la justicia social, por lo que la armonización propuesta al Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de protocolos de investigación de feminicidios y transfeminicidios, presentada por el Diputado Alberto Martínez Urincho, es sin duda una propuesta de avanzada en materia de investigación, persecución y sanción de estos delitos”. 

Lo anterior fue manifestado por la diputada y Coordinadora de la Asociación Parlamentaria Mujeres por el Comercio Feminista e Incluyente, Diana Sánchez Barrios respaldando el Dictamen de la Iniciativa que presentó el diputado Alberto Martínez Urincho. 

Dictamen, que por cierto, busca reformar y adicionar la Fracción V del Artículo 131 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en materia de investigación de feminicidios y transfeminicidios; que presentó la Comisión de Administración y Procuración de Justicia. 

Asimismo, durante su razonamiento del voto resaltó la operación del Atlas de Feminicidios, que de manera proactiva integra la información de la Fiscalía de Investigación del Delito de Feminicidio en la Ciudad de México, y que se ha constituido como una herramienta fundamental para el análisis legislativo y académico del fenómeno disocial como lo es la violencia feminicida. 

Por otro lado, agregó que existe un delito muy alarmante que desde el punto de vista de la diputada Sánchez Barrios requiere de la atención y que debe ser perseguido con firmeza “ bajo una estricta y amplia política de investigación y sanción, como es el transfeminicidio”. 

Durante su intervención comentó que a pesar de que la capital es la entidad con mayores avances para garantizar los derechos de la población de la diversidad LGBTTTI Q+, el transfeminicidio ocurre. 

Pero además, agregó, “las personas trans enfrentamos desafíos únicos y constantes como lo son la discriminación, la violencia estructural institucional y en ocasiones la invisibilización en las políticas públicas”. 

Finalmente, dijo que con la reforma de diversos artículos del Código Penal y Civil local, así como de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia y de la Ley de Víctimas de la Ciudad de México, lo que ocurrió en 2024, se tipificó el delito de transfeminicidio, a fin de garantizar el acceso a la justicia para las víctimas de la violencia transmisógina. 

“Por lo que establecer criterios homogéneos sobre la investigación de los delitos de feminicidio y transfeminicidio, para aplicar los protocolos previstos para tales efectos en la actuación del personal ministerial, policial y pericial, como los mencionados en el texto aprobado en el Dictamen, garantizarán que no haya impunidad cuando sucedan o se presenten estos delitos”.