Cuando a mediados del 2014 se anunció el cambio de nombre de la Secretaría de Transportes y Vialidad (Setravi) a Secretaría de Movilidad (Semovi), el Gobierno a cargo de Miguel Ángel Mancera prometió que no era sólo un cambio de nombre sino de funcionamiento; los resultados dicen lo contrario.

Apenas unos meses antes de este cambio se anunciaba el cierre de la Línea 12 del Metro. Dado el enfoque global de movilidad por el cual la Semovi fue nombrada, se esperaba que su titular, Rufino León Tovar, ofreciera detalles sobre los antecedentes del problema y proyectos que coadyuvaran al restablecimiento del servicio así como planes alternativos para el desplazamiento de los más de 400 mil usuarios afectados. Sin embargo, a lo largo de todo el 2014, León Tovar no tuvo el menor acercamiento para con el tema.

Hacia mediados de año, distintas organizaciones de taxistas comenzaron a realizar llamamientos y exhortos a las autoridades del Gobierno del Distrito Federal (GDF) por la proliferación de los taxis piratas pertenecientes a la agrupación Pantera. Aunado a ésta situación, los taxistas inician reclamos por el crecimiento del servicio de transporte privado vía app como Uber y Cabify.

El problema crece conforme pasan las semanas sin una postura oficial del GDF ni de la presidenta de la Comisión de Movilidad de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), la perredista Claudia Cortés. Miembros del Grupo Parlamentario del PAN aseguran hacia el 30 de octubre que los servicios de transporte privado crecen en la Ciudad de México por la inseguridad y la falta de transporte público eficiente.

Casi un mes después, el legislador priísta Marco Antonio García Ayala presenta ante el Pleno del recinto legislativo una propuesta para que se realicen operativos de verificación a Uber y Cabify con el objetivo de dar seguridad a los usuarios de estos servicios. Entonces, Cabify ya había operado al menos 2 años en la capital, apenas iniciada la administración de Miguel Ángel Mancera, y Uber cumplía un año y 3 meses de operación.

Conforme a la Ley de Movilidad, las tarifas del transporte individual de pasajero serán establecidas por el titular del GDF, para el presente caso, Miguel Ángel Mancera; las unidades destinadas para tal efecto “se sujetarán a los manuales y normas en materia de diseño, seguridad y comodidad expedidas por la Semovi”. A su vez, la dependencia deberá emitir los lineamientos de cromática que deberán acatar los transportistas en sus unidades. Por su parte, los usuarios tendrán “derecho a conocer el número de licencia del tarjetón, fotografía y nombre del conductor y matrícula de la unidad concesionada”.

El 12 de diciembre, al o haber respuesta alguna, el conglomerado de Taxistas Organizados de la Ciudad de México presenta una denuncia ante la Procuraduría General de Justicia (PGJ-DF) contra Rufino León Tovar y los dirigentes de Uber y Cabify en México. Parte de los argumentos se sustentan en la competencia desigual por los procesos legales obligatorios a realizarse ante las autoridades capitalinas y una afectación diaria de 24 millones de pesos, según los mismos afectados.

En respuesta, el titular de la Semovi asegura que es necesaria una regulación de estos servicios antes de finalizado l 2014, contrario a las acciones en distintas partes del mundo en las que se ha declarado ilegal a estos servicios o se han prohibido definitivamente. Y el 19 d diciembre pasado aseguró haber enviado este proyecto a la Consejería Jurídica para su análisis.

Sin embargo, el supuesto proyecto de regulación –como el de la Secretaría de Obras (Sobse) para la rehabilitación de la Línea 12- es completamente desconocido para los integrantes de la Comisión de Movilidad de la ALDF. Así lo aseguró la secretaria de ésta, Laura Ballesteros.

La diputada panista pidió a lo largo del conflicto al Pleno de la ALDF la creación de un Comisión del Taxi con el objetivo de participar en la creación de una legislación acorde a la situación que, según su perspectiva, debiera integrarse con la Semovi, la ALDF, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) y representantes de los servicios concesionados.

"La obligación de las autoridades es proteger al usuario y eso hoy no sucede. El secretario Rufino León Tovar anunció que iba a regular a Uber y Cabify antes de que finalizara el año, pero la Semovi no ha realizado las mesas de trabajo con la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, entonces desconocemos el tipo de reglamentación que aplicarán a Uber y Cabify así como las medidas que tomarán para mejorar el servicio de taxi en la Ciudad", dijo Ballesteros.