Sonados casos de violaciones a las normas de construcción y vivienda han proliferado en la zona centro de la Ciudad de México en los últimos años, pero la periferia también registra situaciones de carácter importante. Pese a que existen recomendaciones de la Comisión de Derechos Humanos al respecto, las jefaturas delegacionales hacen caso omiso.

Ante la reciente comparecencia de la ombudsperson capitalina, Perla Gómez, ante los miembros de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), el diputado priísta Fernando Mercado Guaida recordó que existen casos graves de omisión en materia de construcción de vivienda que deben ser atendidos.

En el mes de noviembre pasado, Mercado Guaida posicionó en la agenda pública la nula atención que la jefatura delegacional de Magdalena Contreras ha sostenido desde 2012 en la obra inmobiliaria que se ubica en la calle Minatitlán de la colonia San Jerónimo Lídice. Y es que, desde hace poco más de tres años, los vecinos de la zona denunciaron ante las autoridades de la demarcación que las obras que recién comenzaban estaban violando las normativas de construcción en turno.

Conforme a lo establecido en la Norma 26 –encargada de normar la ubicación, magnitud y clase de vivienda a construirse en el Distrito Federal-, la construcción de viviendas en el lugar no podía exceder los tres pisos de altura, por lo que la jefatura delegacional anterior procedió a la clausura de la obra y sancionar a la constructora. No obstante, la Procuraduría Ambiental y de Ordenamiento Territorial (PAOT) señaló en un informe dechado el 29 de noviembre de 2013 que la obra contaba ya con 5 niveles y los trabajos de construcción continuaban con regularidad.

Asimismo, la dependencia capitalina informó que existían registros en los que se documentaba y autorizaba la construcción de 9 viviendas en 4 niveles bajo los estatutos de la Norma 26 fechados el 20 de septiembre de 2012. El certificado de uso de suelo que fue autorizado por la Seduvi también daba cuenta de las irregularidades de la obra. Por esta razón, en 2013, el Instituto de Verificación Administrativa (Invea) resolvió que el quinto piso de la construcción debía ser demolido luego de varias visitas en las que se constató la violación de los sellos de clausura emitidos por la Seduvi.

“Desde que se iniciaron las obras, vecinos de la colonia denunciaron diversas irregularidades entre las que destacan la ausencia de estudios de suelo y el hecho de que la zona en cuestión está catalogada como H3/50, lo que significa que se permiten solo 3 niveles, y los constructores destinaron el cien por ciento del espacio para departamentos y superaron el número de niveles permitidos para construcción”, comentó el legislador.

 Sin embargo, la demolición del quinto nivel nunca fue acatada por la constructora, por lo que la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) emprendió una investigación como parte del seguimiento que daba a obras irregulares en la capital mexicana.

Consecuencia de esta investigación, a finales del año 2014, la CDHDF resolvió que “existe una violación al derecho a la seguridad jurídica por omisión del cumplimiento efectivo de resoluciones administrativas en materia de construcciones irregulares y cita un antecedente fechado en 2008 en cual se presentó un caso similar en aquella demarcación que tampoco fue atendido”, añadió Guaida.

Mientras tanto, el oficio con fecha de 5 de diciembre de 2014, la jefatura delegacional de Magdalena Contreras, aún a cargo de Leticia Quezada quien hoy día cuenta con licencia y es candidata por una diputación local, desconoció la recomendación emitida (12/2014) sin aceptar revisar su postura. Esto, aún a pesar de que los legisladores locales de su partido emprenden campañas para apoyar las causas ciudadanas de tal índole en diversas delegaciones y contra el mismo Gobierno capitalino.

“En los casos de la citada recomendación, preocupa particularmente que las acciones propuestas por las autoridades aludidas, en sus aceptaciones parciales, ni estén encaminadas a revertir la situación de riesgo en la que se encuentran las personas agraviadas, con motivo de las afectaciones a sus viviendas”, finalizó el diputado tricolor.