Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

Uber, Cabify y demás empresas que presten un servicio de transporte privado ejercen un modelo de negocios no regulado por la normativa local, lo que representa una competencia desleal para con los taxistas concesionados. Mediante reformas al Código Fiscal y la Ley de Movilidad, Acción Nacional pretende “regular el modelo de negocios de Uber”, pero sin la participación de Rufino León Tovar, a quien se acusa de ser un mero espectador en el debate.

Federico Döring, coordinador de la fracción panista de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), presentó parte de la propuesta que no pudo ser presentada la semana pasada tras la clausura temprana de la Sesión por la Mesa Directiva a cargo de la perredista Claudia Cortés con el objeto de regular los servicios de transporte privado vía app.

En conferencia de prensa, resaltó que “la ciudad vive un dilema entre la prestación de servicios de transporte mediante distintas modalidades”, en referencia a la deficiencia del transporte público y la emergencia de los servicios privados que hacen uso de las nuevas tecnologías, cada vez más presentes entre la ciudadanía, como Uber y Cabify.

Desde mediados de 2014, en la Asamblea Legislativa, el tema fue abordado por el conjunto del Grupo Parlamentario blanquiazul y algunos diputados de fracciones paralelas como el Revolucionario Institucional y Movimiento Ciudadano. No obstante, las posiciones no eran convergentes, pues Acción Nacional reclamaba que el crecimiento de estos servicios se debe principalmente a la deficiencia e inseguridad del transporte público; el PRI, mediante Marco Antonio Marco García Ayala, pugnó por que se llevaran a cabo operativos administrativos a las empresas en cuestión a fin de tener conocimiento pleno de su funcionamiento y personal, además de asegurar con ello la seguridad de los usuarios y los derechos de los taxistas; para diciembre de 2014, Laura ballesteros demandaba que la Secretaría de Movilidad (Semovi) y su titular, Rufino León Tovar, faltaban a su promesa de dar solución al conflicto.

Ya en el presente 2015, diversas agrupaciones de taxistas emprendían manifestaciones semanales bajo una postura que cada vez presagiaba aún más un clima de confrontación física. Cuauhtémoc Velasco, coordinador de Movimiento Ciudadano en la ALDF, acompañó una de las manifestaciones ante el recinto legislativo para denunciar que el Gobierno de Miguel Ángel Mancera sostiene yuna clara política oficial de tolerancia para con los taxis irregulares.

Para marzo, Miriam Saldaña, integrante del Partido del Trabajo (PT), proponía que se creara una app para taxis concesionados a fin de que los “los taxis que circulan en las calles de esta capital puedan estar a la altura de la tecnología, además de dignificar y fomentar el uso de unidades seguras del transporte público concesionado”.

Finalmente, un mes después, el recinto legislativo local se pronunció de manera formal al interior del Pleno por regular los servicios de Uber, Cabify y parecidas. No obstante, esto fue sólo un pronunciamiento, más no una resolución, pues se esperaba que en la pasada Sesión se presentara la iniciativa del PAN.

En esta ocasión, Federico Döring puntualizó que la iniciativa panista surge “ante la pasividad del Secretario de Movilidad de generar resultados en una mesa de diálogo”, en referencia a las contradicciones manifiestas por Rufino León Tovar en días pasados.

“Uber y las otras compañías tienen un modelo de negocios distinto al tradicional. El taxista tiene como modelo el negocio el viacrucis para conseguir una placa, lo que le da patrimonialmente la certeza de ese modelo de negocios; Uber tiene un modelo de tercialziación de un servicio mediante una empresa que suponemos es una S.A de C.V. La diferencia hace que los taxistas, 130 mil formales, inviertan en un modelo de negocios a través de la placa y paguen mil 668 pesos anuales de revista y renueven el tarjetón por mil 315 pesos cada tres años. Ahí es donde hay deslealtad”, indicó el líder panista en la Asamblea Legislativa.

Expuso que “ambos modelos son compatibles” en el sentido de que cada uno de los conductores o empresas realizan inversiones considerables en los relativo al proceso de emplacamiento, por una parte, y de desarrollo, aplicación, comercialización y operación de la aplicación, “en ser ese enlace entre quien quiere el servicio y quien lo presta”. No obstante, el sistema de competencia “no es equitativo en la parte local”, debido a la falta del pago de impuestos para operar.

Por tanto, asentó que se presentará una iniciativa de reformas “al Código Fiscal y la Ley de Movilidad para que exista la posibilidad –ya presente en la propia Ley de Movilidad- donde se contemple la prestación de servicios por particulares”.

En estricto sentido, dijo, “lo que hay que regular el modelo de negocios de Uber para darle mayor equidad a la competencia de mercado de usuarios de transporte de servicios privados en la Ciudad”. Lo anterior, mediante la creación del Derecho para Operadores de Sistemas Digitales de Gestión de Información y Cobro de Tarifas de Transporte.

Refirió que, de acuerdo a la normativa federal, las empresas como Uber y Cabify pagan Impuesto Sobre la Renta (ISR), pero en el ámbito local, a nivel del Distrito Federal, estas empresas deberán pagar un monto de registro anual aproximado de 2 mil 400 pesos ante la Semovi y un registro de empresa por un monto de 25 mil pesos.

Gracias a este boceto de normatividad, aseguró Döring Casar, se puede otorgar certeza jurídica tanto a los conductores como a las empresas en caso de cualquier requerimiento legal y operativo.

Además, “no se le genera a Uber compromisos con Semovi, pero le genera ingresos a la Ciudad por el registro de su empresa y por el pago anual de cada unidad que, proyectado de manera mensual, es superior al de cualquier taxi”.

Y es que, en la perspectiva expuesta con base en el conocimiento de los procesos de operación de Uber, “no está bien que la operación local esté exenta del pago de impuestos”.

Para la realización de las mesas de trabajo que den pie a la creación de este Derecho para Operadores de Sistemas Digitales de Gestión y Cobro de Tarifas de Transporte, la representación del PAN en el Legislativo local propone mesas de trabajo entre diversos actores involucrados, además de la participación obligada de la autoridad capitalina. Sin embargo, Döring enfatizó que no pretende ni desea la presencia de Rufino león Tovar, ya que éste “lleva un año como espectador en el tema y tendría muy poco que aportar y nos queda muy poco tiempo como para perderlo con Rufino”.

Por tanto, el líder blanquiazul ha solicitado de manera informal la presencia del Consejero Jurídico, José Ramón Amieva, quien a su parecer, “tiene la capacidad de aportar en la regulación y de tomar decisiones”.