Luis Alberto Alonso   @ikaro_46

Pese a las promesas de Miguel Ángel Mancera y Manuel Granados de no tocar temas de cambio de uso de suelo o Norma 26 antes del cierre de la actual VI Legislatura, el presidente de la Comisión de Desarrollo, el perredista Carlos Hernández Mirón, presentó 11 proyectos para este fin, pero agregó uno más unilateralmente. En respuesta, integrantes de 64 organizaciones civiles presentaron la denuncia contra quien resulte responsable ante la Procuraduría capitalina.

Al intentar llevar a cabo la Sesión de la Comisión de Desarrollo e Infraestructura Urbana de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Carlos Hernández Mirón fue interpelado por representantes de las asociaciones civiles Voz de Polanco y Comité Ciudadano Roma III.

En su intento por dar inicio a esta reunión, con motivo de resolver el dictamen que presentará ante la Comisión de Gobierno antes del Periodo Extraordinario que se llevará a cabo este jueves 09 de julio, el integrante del Grupo Parlamentario del PRD daría a conocer el agregado de 6 proyectos más para cambio de uso de suelo en la Ciudad de México.

No obstante, el jefe de Gobierno y el presidente de la Comisión de Gobierno de la ALDF, aseguraron semanas atrás que no habría pretensión de modificación alguna en este rubro así como en lo relativo a la Norma 26.

Incluso, Mirón incurrió también en estas declaratorias, pero al terminar tres días de recorridos a los 41 predios presupuestados en la agenda advirtió que no presentaría proyectos ante el Pleno de la ALDF sin el consentimiento de la ciudadanía. Días después dio marcha a esta perspectiva –al ser cuestionado sobre un posible Periodo Extraordinario a realizarse el pasado 02 de julio- y aseguró que no podría darse esta reunión legislativa toda vez que aún no completaba “la carpeta de proyectos de modificación de uso de suelo” para presentarla a la Comisión de Gobierno.

Priscila Vera, legisladora de Acción Nacional (PAN), aseguró que el intento de modificación de permisos en 11 predios luego de las afirmaciones de Mancera, Granados y Mirón constituye un “madruguete político”, por lo que urgió al titular de la Consejería Jurídica del DF, José Ramón Amieva, a publicar las modificaciones al artículo 41 y 95 de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal aprobadas el pasado 30 de abril.

“Si el Jefe de Gobierno no publica0 el decreto que permite sancionar las violaciones de uso de suelo, nuevamente dejaremos estos actos en la impunidad y la regularización de los predios en la Asamblea será solo un trámite, con el aval de la mayoría del PRD”, sentenció la panista.

En este sentido, la exigencia de Vera Hernández encuentra eco en la que lanzara en días pasados su compañero de bancada, Héctor Saúl Téllez, respecto de la incongruencia de la administración de Miguel Ángel Mancera por considerar a empresas implicadas en la construcción de la Línea 12 que debieran haber sido inhabilitadas por sus faltas. Ambas se refieren al retraso de poco más de dos meses en la publicación oficial de las reformas pertinentes que evitarían llegar a estas instancias.

Así lo detalló la diputada al recordar que el objetivo de es frenar los abusos de las constructoras que violan las regulaciones en materia de uso de suelo mediante las sanciones planteadas en las modificaciones legales.

“Es inadmisible e incongruente que el Gobierno local aún no tome en cuenta las modificaciones realizadas desde la Asamblea y haga casi omiso de las múltiples quejas vecinales por temas de uso de suelo alterados”, finalizó.

Aprobaciones se dan a puerta cerrada.

Cuauhtémoc Velasco, coordinador de Movimiento Ciudadano en la ALDF, declaró en días pasados que su Grupo Parlamentario no apoyaría modificaciones de uso de suelo “en los oscurito”. Esta decisión, abundó entonces, debe ser retomada por las demás fuerzas políticas.

Sin embargo, esta táctica fue justamente la aplicada por Mirón al aprobar a puerta cerrada la aprobación de al menos 11 proyectos de modificaciones inmobiliarias, mismas que serán presentadas ante el Pleno y, a razón de varios diputados más cuestionados al respecto, son totalmente desconocidas.

Mayte Rivas, representante de La Voz Polanco, al presentar una copia de la demanda presentada ante la PGJ contra “los desarrolladores inmobiliarios ambiciosos que no respetan los establecido en Programas Delegacionales y parciales de Desarrollo Urbano vigentes”, que acudirán directamente a la Contraloría General del Distrito Federal para presentar sus demandas.

En concreto, las acciones que pedirán a la Contraloría serán “que investigue y sancione las omisiones que constituyan faltas administrativas o penales de quienes integran el Comité Técnico de Modificaciones a los Programas de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi)”.

Cabe recordar que a mediados del mes de junio, la Contraloría informó que resolvió la destitución e inhabilitación de un funcionario de la Seduvi por un periodo de 10 años a razón de haber autorizado sin fundamento un cambio de uso de suelo. Sin embargo, omitió dar cuenta del nombre del funcionario así como del proceso judicial al que debió de hacerse acreedor.

Teniendo como precedente este caso, las organizaciones ciudadanas acudieron primero ante la PGJ a demandar que se cumpla lo establecido en al artículo 343 BIS del Código penal del Distrito Federal.

“Se le impondrán de tres años a nueve de prisión y de 1000 a 5000 días de multa a quien dolosamente haga un uso distinto al permitido del uso de suelo u obtenga un beneficio económico derivado de estas conductas”, citaron.

Finalmente, adelantaron que se manifestarán a partir de las 11:00 a.m a las afueras del recinto ubicado en Donceles y Allende para hacer del conocimiento de la diputación local sus exigencias.