Luis Alberto Alonso  @ikaro_46

Esta semana ha sido considerada “negra” a nivel mundial para la empresa de servicio de taxis privada Uber por los diversos bloqueos y prohibiciones de los que ha sido objeto a nivel internacional. Pero en la Ciudad de México…

Ayer mismo, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) de Chile, por medio de su Cristian Bowen, anunció que el servicio prestado por medio de Uber ha sido declarado como una “actividad informal”. La razón principal para tal dictamen yace en el hecho de que la empresa no está inscrita en el Registro Nacional de Servicio de Transporte Público de Pasajeros del país sudamericano.

Pero antes de que bajo la perspectiva populachera de México nos pongamos a dar tumbos ante cualquier “acto de represión”, vale la pena aclarar el proceso para la determinación de las autoridades chilenas.

Según se ha informado, en los últimos meses, el MTT llevó a cabo una fiscalización a la empresa con el objetivo de realizar una revisión a los 34 mil automóviles inscritos en el servicio. Si bien quedan dudas de los lineamientos legales para tal efecto, sí se argumenta que estos autos no poseen patentes de taxi (algo similar a los tarjetones, revistas, licencias y demás requerimientos similares en la Ciudad de México).

Entonces, ¿qué moraleja sacamos de esta historia para intentar entender el caso en la Ciudad de México? Bien, debe entenderse que el servicio de Uber opera en la capital mexicana desde hace ya casi año y medio, mientras que Cabify lo hace desde hace poco más de 2 años. Si los lineamientos para poder operar como taxista son tan exigentes, ¿por qué no se ha determinado acciones para estas empresas hasta que los taxistas se manifiestan en masa bajo la consigna de una competencia desleal que, bajo los términos chilenos, puede entenderse como informal o pirata?

Más allá de una competencia desleal en los apartados económicos y legales, también existen problemas serios de seguridad que no han sido atendidos y que posibilitan el crecimiento de estas “herramientas”. Con todo y el discurso de Miguel Ángel Mancera y su extitular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), los ciudadanos bien sabemos que existe gran desconfianza respecto de los transportistas en general, máxime el agregado de conductores ebrios en el propio Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro que, curiosamente, ¡está a cargo del gabinete y Gobierno de Miguel Ángel Mancera! Y no necesitamos añadir que no ha habido pena alguna para estos funcionarios que han puesto en peligro la vida de cientos de personas.

Pero tampoco neguemos que nuestro Secretario de Movilidad (Semovi), Rufino León Tovar, actúo casi de manera inmediata a los reclamos generados por los servicios de la empresa que está valuada en 40 mil millones de dólares. Al respecto, dijo que, a más tardar la segunda semana de diciembre se tendría un plan para regularizar el servicio, toda vez que, aseguró, brindar un servicio de transporte que debe tener reglas claras.

Pues bien, los plazos se han cumplido y la Semovi no resuelve absolutamente nada. Incluso, ya el diputado local priísta Marco Antonio García Ayala, les ha hecho parte del trabajo al solicitar que se verifique tanto a Uber como Cabify con el objetivo de garantizar la seguridad de los pasajeros y los derechos de los taxistas.

Bueno, vistas las deficiencias perredistas a lo largo de 17 años de “gobernar” la capital del país, tampoco debemos esperar que nuestras autoridades locales estén al nivel de España, Colombia, Alemania y Bélgica, países en los que Uber no tardó en ser ilegal.