El pasado 20 de junio, el diputado panista y presidente de la Comisión de Hacienda, Saúl Téllez, informó que el Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro paga 100 millones de pesos (mdp) mensuales por el arrendamiento y mantenimiento de los trenes de la L12 cuando debía pagar sólo 54 mdp; ahora el presidente de la Comisión Investigadora, Jorge Gaviño, le pide a su titular pagar el precio conforme a los servicios prestados.

A pesar de que la memoria pública pareció nublarse por el conflicto social que ha levantado el nuevo Hoy No Circula, a Joel Ortega, director del STC Metro no han dejado de lloverle críticas por parte de los legisladores locales. Y es que una vez conocida la situación que guardan los pagos mensuales con base en el Proyecto de Prestación de Servicios (PPS), eufemismo utilizado para suavizar los contratos a precio alzado, se hace evidente atender a las posibles cláusulas que permitan la adecuación conforme al servicio o, en su caso, buscar el camino legal para hacerlo posible.

Así lo aseguró Jorge Gaviño, quien, ante la disconformidad de las cláusulas que llevarían las posibles querellas ante organismos internacionales y, por tanto, privarían a las autoridades locales de acceder a la información del caso, ha “invitado” a Joel Ortega a “aplicar cabalmente el instrumento jurídico que tiene en sus manos”.

Sin embargo, dada la pasividad del actual director del Metro, quien ha efectuado declaraciones contradictorias respecto del caso de la Línea 12, le advierte que “ya existe la necesidad de que el Metro aplique deductivas. No es un asunto de declaración o de negociar con la empresa, se trata de aplicar las deductivas a la que -CAF- se ha hecho acreedora por falta de servicio, en caso de que no exista la posibilidad de los trenes”.

Cabe destacar que esta misma observación la realizó el panista Saúl Téllez, cuando aseguró que el contrato de Prestación de Servicios resultaba ventajoso para el proveedor de los servicios. Ante el panorama, cabe la posibilidad de que CAF busque un amparo internacional, ya que los trenes siguen siendo de su pertenencia, pies están en una situación de arrendamiento, y sólo al final del contrato estos pasarán a ser del Gobierno del Distrito Federal (GDF).

Referente a la simulación de pruebas que se anunciaron desde hace varias semanas, Gaviño Ambríz declaró que los trabajos comenzarán el próximo 15 de julio. Para ello, dijo, el próximo 10 de junio se reunirán todos los implicados en la solución hasta este momento, a saber: CAF, SYSTRA, TCO, ICA-CARSO-Alstom, la Secretaría de Obras (Sobse) de la Ciudad de México y los integrantes de la Comisión Investigadora de la Asamblea Legislativa.