A propuesta de la diputada perredista Ernestina Godoy, los legisladores locales podrían reformar la Ley de Presupuesto y Gasto Eficiente para asentar reglas claras respecto de los fines a los que se apliquen los recursos adicionales al presupuesto, así como las prioridades de éstos por decreto.

La también integrante de las Comisiones de Desarrollo Social y de Derechos Humanos ha planteado que por lo menos el 50 por ciento de los recursos adicionales al presupuesto de egresos del Distrito Federal, que presentará Miguel Ángel Mancera próximamente, sean destinados a “asuntos de impacto general para la Ciudad de México”. Aunque se espera que de aprobarse esta normativa, las discusiones serán acaloradas, pues se terminará por destinar más recursos al Gobierno del Distrito Federal (GDF) para las tareas que ya le corresponden.

En segundo lugar de las “prioridades” quedarán las jefaturas delegacionales. Los diputados podrán asignar recursos “etiquetados” –ya que no se contempla su uso definitivo ni obligado- a proyectos y obras de “alcance delegacional”, pero de ninguna manera para el aumento en el gasto corriente de las delegaciones. Es decir, que sólo podrán ser destinados a la construcción y/o mejora de la infraestructura urbana de las demarcaciones, pero no para aumentar la nómina en proporción de la planta laboral ya existente o agregados.

En caso de que estos recursos no sean utilizados en su totalidad o en cierto porcentaje hacia el tercer trimestre del año, el tercer lugar de prioridad lo ocuparán sectores históricamente olvidados en las administraciones capitalinas y nacionales.

Así, los rubros de salud, ciencia, bomberos, desarrollo social y prevención de las adicciones, quedarán a la espera de los fondos restantes o que no sean utilizados. Tanto la Secretaría de Salud como la de Ciencia y Tecnología, recibirían cada una un equivalente al 30 por ciento de estos recursos; el Honorable Cuerpo de Bomberos –institución que se ve más afectada por la falta de recursos y capacitación en la Ciudad de México- tan sólo recibiría un 20 por ciento; el restante 20 por ciento se dividirá a partes iguales entre el Consejo de Evaluación del Desarrollo Social y el Instituto de Atención y Prevención de las Adicciones.

Llama la atención que, siendo Godoy una de las principales impulsoras de los derechos de grupos vulnerables y una de las más grandes voces críticas de la falta de apolíticas y apoyos en su favor, haya relegado estos temas dentro de su misma propuesta.