No terminan las acusaciones contra la sucesora de la Secretaría de Tránsito y Vialidad (Setravi), pues en su renacer como Secretaría de Movilidad (Semovi) se prometió un cambio organizacional y de funciones que devendrían en un mejor trabajo que, al final, no se avista en un plazo cercano.
A mediados del año 2014, el Gobierno del Distrito Federal (GDF) decretó el cambio de nombre de la Setravi ante la llegada de la Ley de Movilidad que terminaba su proceso de formación en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF). En aquel momento, Miguel Ángel Mancera prometió que no sería sólo un cambio de nombre, sino una gran reestructuración de la dependencia.
Entre las responsabilidades de la Semovi se agregaron: un cambio sustancial en materia de obligaciones, organización de su estructura y, por tanto, mayor atribución de funciones; de ello deriva la encomienda de crear un Órgano Regulador del Sistema de Transporte Público y, finalmente, para su consecución, la creación de un Registro de Transporte Público.
Laura Ballesteros, diputada integrante de la Comisión de Movilidad de la ALDF, llamó la atención por enésima vez respecto del dejo de responsabilidades por parte del Secretario de Movilidad, Rufino León Tovar. Entre éstas, las anteriormente citadas.
Si bien es cierto que a la Semovi le corresponde el otorgamiento de concesiones, ordenamientos y verificaciones en el Sistema de Transporte Público (STP) capitalino, los problemas recurrentes en materia de movilidad bien pueden atribuirse también a una responsabilidad compartida de ésta con el instituto de Verificación Administrativa (Invea), órgano encargado de la verificación de áreas compatibles con las del transporte público.
“El atraso en la falta de transformación del transporte público de la Ciudad de México es cien por ciento falta de voluntad política. La ALDF trabajó con el jefe de Gobierno la Ley de Movilidad para buscar empresas sustentables, capacitadas y con posibilidades de competencia. Entonces, nuestra parte ya se cumplió”, aseguró la legisladora panista al respecto.
Entonces, añadió, el marco jurídico sobre el cual se debe llevar a cabo la transformación del sistema de transporte, ya ha sido planteado por el Legislativo y Ejecutivo locales.
“Ahora es la Semovi la que está quedando chica en las nuevas obligaciones que le otorga la Ley de Movilidad: desde el cambio organizacional, el cambio de funciones, hasta la creación del órgano regulador que dependen de ella y la creación de un sistema de registro del transporte público, son parte de los pendientes que se le acumulan a la Semovi”, destacó.
Fondo para la Renovación del STP de la Ciudad de México.
Precisamente, para la renovación de las unidades de transporte público se creó el Fondo para la Renovación del STSP de la Ciudad de México. A fin de obtener recursos en este rubro, Miguel Ángel Mancera acudió a Washington ante instancias internacionales para solicitar un monto de 250 millones de dólares (mdd) por este concepto.
Como resulta evidente a la luz de los artículos 134 y 135 de la Ley de Movilidad, la Semovi sería la dependencia encargada de ejercer ese fondo una vez que sea decretado por el jefe de Gobierno.
Sin embargo, “si la Semovi no realiza los cambios administrativos que tiene la obligación de realizar, no se les debe destinar un solo peso adicional al que ya tienen. Necesitan tener los órganos administrativos ya mencionados, que inician con el Registro Público de transporte ya hecho público, con el Órgano Regulador, entonces podrá verse una transformación real en los próximos cuatro años del transporte público en la capital”, concluyó Ballesteros Mancilla. |