Parte de las promesas realizadas por el jefe de Gobierno del Distrito Federal (GDF), Miguel Ángel Mancera, al presentar el última alza al costo del Metro, fue el retiro total de los llamados vagoneros. En la realidad, 15 meses después, éstos proliferan más que nunca, curiosamente, antes de iniciar el periodo electoral actual.

Orlando Anaya, diputado local de Acción Nacional (PAN), señala que los miles d personas que ejercen actividades informales en el sistema de transporte no son sino parte de grupos vulnerables que son utilizados con fines partidistas.

“Hace unos meses se hablaba de operativos y de remisiones, hoy la autoridad no dice nada ni actúa al respecto, pues a los ambulantes se les permite vender libremente en vagones, pasillos, escaleras, etc. Lo que es un claro ejemplo de que a este grupo se le permite operar libremente previo a la etapa electoral que está por vivirse en la ciudad”, afirmó.

Tal cual ocurre con diversas problemáticas en rubros como la vivienda y el transporte público, relata el legislador, los vagoneros resultan una parte importante de los intereses políticos del actual Gobierno local. Al momento, se contabilizan por lo menos 5 mil 500 vagoneros dentro de las instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro.

“Esta situación resulta injusta, pues están siendo utilizados por los partidos de izquierda, se les permite llevar a cabo estas actividades de informalidad a cambio de votos, para después volver a ser perseguidos”, acusó el integrante de la Comisión de Grupos Vulnerables.

En últimas fechas, Miguel Ángel Mancera ha vuelto a presumir que “pese a que hay a quien no le gusta, el Metro está cambiando”, en defensa del aumento de 3 a 5 pesos decretado a finales de 2013. A poco más de  días de este aumento de más del 50 por ciento, las promesas continúan por parte del jefe de Gobierno, más no así los resultados.

Destaca el caso del cierre de la mitad de la Línea 12 del Metro bajo el argumento del fallo en su concepción y construcción, pero poco se asienta sobre la falta de mantenimiento que ésta padeció antes de su cierre, situación que se repite a lo largo del todo el STC Metro. Además, el llamado Doctor Mancera por sus allegados, contradice los estudios técnicos que la misma administración demandó respecto de la reapertura del tramo elevado.

Se suma la oficialización de una tarifa preferente para estudiantes del nivel básico hasta el superior. Con el mismo, no obstante de los discursos que avalan el aumento, Mancera Espinosa planteó beneficiar a un mínimo de 124 mil estudiantes.

Por otra parte, la rehabilitación de la Línea 12 supera ya los mil millones de pesos, pero el titular del GDF aseguró que con el cambio de obras en materia de alimentación eléctrica para al menos 3 Líneas, se podrán ahorrar hasta 700 millones de pesos. Sin embargo, no dio un plazo específico para estos supuestos ahorros.

A todo lo anterior, cabe señalar que al ser anunciada el alza al Metro, el Gobierno capitalino carecía de un plan para la aplicación de los fondos emanados de este ejercicio. La situación continuó hasta que la Asamblea Legislativa del Distrito federal (ALDF) aprobó la utilización de los recursos mediante un Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administración y Fuente de Pago.

Hasta septiembre de 2014, el acumulado en cuestión ascendía a mil 300 millones de pesos. El monto se destinaría para la compra de material necesario y la rehabilitación de las zonas necesarias y su utilización sería transparentada mediante un micrositio habilitado específicamente para tal fin. No obstante, la Secretaría de Finanzas local aprobó aumentos significativos al ya estipulado presupuesto del Metro para 2014. Así, un total de 4 mil 894 millones de pesos no fueron ejercidos por la dirección del STC Metro, a cargo de Joel Ortega. Al respecto, Miguel Ángel Mancera aseguró sobre estos recursos que “no hay un cierre de cuenta pública que pueda dar una señal de subejercicio, hay un pasivo circulante no lo puedes tener considerado nunca como un subejercicio”.

Volviendo al tema del ambulantaje, la administración del GDF puso en marcha programas de capacitación para los vagoneros que serían hipotéticamente expulsados del Metro. Para tal efecto, destinó 46 millones de pesos, mismos que no tuvieron efecto, pues los involucrados desecharon la capacitación.

Ahora, con el supuesto intento de regularizar al comercio informal de la capital, el panorama para los capitalinos resulta desalentador ante las condiciones de insalubridad, inseguridad y contaminación en sus diversas facetas provocadas por dichas actividades.

“De continuar por parte de las autoridades la permisividad del ambulantaje en el Metro, se incrementará la problemática generando graves consecuencias sociales, económicas, de salud y seguridad como son el aumento del número de personas con estas prácticas informales, afectaciones a la salud física y psicológica de las y los usuarios, contaminación ambiental y acústica, explotación laboral infantil, desarrollo de plagas y la proliferación de la comercialización de productos piratas y prácticas corruptas”, detalló Anaya González.

Finalmente, las condiciones de inseguridad no se reflejan sólo en los usuarios del sistema de transporte, toda vez que el mismo diputado blanquiazul denunció a mediados del año pasado ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) la grave situación de explotación sexual y laboral que padecen menores de edad dentro de las instalaciones a cargo de Joel Ortega.

Ya en octubre de 2014, el mismo Anaya González recalcó que Joel Ortega no rendía cuentas de los recursos provenientes del alza a la tarifa. Sin embargo, la respuesta permanente de Manera Espinoza ante los cuestionamientos es que “Joel Ortega cumple con su trabajo”.