A unos días de haber sido dadas a conocer las declaraciones patrimoniales de los miembros del gabinete más cercano a Miguel Ángel Mancera, la mediocridad de éstas y el carácter “voluntario” de éstas provoca una reacción contraria a la deseada.

El pasado 14 de enero, la Contraloría General del DF presentó en su página de internet los documentos correspondientes a las declaraciones patrimoniales enviadas por los miembros del gabinete, más no las que ya se encontraban en su poder cuando los implicados tomaron el cargo. Es decir que, como pudo advertirse al analizar los documentos, la información ha sido sesgada en cuanto a la información sustancial respecto del cómo y cuándo se compraron las distintas posesiones y bajo qué régimen, además de las características de éstas.

De esto han emanado un sinnúmero de críticas para el actual jefe de Gobierno, dado que en diciembre pasado anunció esta información como un ejercicio de transparencia sin precedente y forzoso para todo aquel trabajador afín a su causa que pretenda conservar su cargo. Sin embargo, el mediocre ejercicio ya ha sido calificado como “patético” por parte del presidente de la Comisión de Transparencia a la Gestión de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF), Gabriel Gómez del Campo. 

“Este tipo de versión pública no te da absolutamente ninguna información real de lo que tiene el funcionario, lo único que están haciendo es hacer mención, hacer una relatoría de lo que se tiene, pero no hay montos. Se sabe que llega con dos, tres casas, siete casas, pero ¿con qué casas te vas? Una declaración tan escueta, tan vaga, tan opaca, lo único que hace es que en aras de la transparencia, lo que están logrando es mucha mayor opacidad de la que existía al estar reservada toda la información… Tampoco se hace mención de dependientes económicos, ni de los esposos o esposas de los funcionarios, entonces ahí se genera mucho más opacidad, porque puede haber corrupción y poner todo a nombre de la esposa, de los hijos y que no ocurra absolutamente nada”, señaló.

Por el contrario de lo que ha defendido Mancera al celebrar este ejercicio “opcional y voluntario” de transparencia, el panista advierte que el conocimiento público de las posesiones de los funcionarios públicos no debe estar sujeto a una “voluntad política” de un actor político en particular sino que ha de establecerse como una obligación por ley, “ya que es un compromiso con la ciudadanía”.

“Tiene que ser una obligación; como es una facultad, tienes posibilidad de hacer lo que hicieron Mancera y sus funcionarios. El objetivo es que sea una obligación y que por ley se tenga que abrir esta información en versión pública y a partir de eso ya poder ejercer el cargo”, aseguró.

No obstante, añadió que información como: domicilios, números de cuentas bancarias, incluso hasta el nombre de la empresa, pueden permanecer con velo al público, más no así el número de acciones y los correspondientes montos de éstas. Lo anterior, también, como una contraparte a la negativa del jefe de Gobierno para dar a conocer cuánto gana o invierte al ser cuestionado en entrevista.

“Nosotros hacemos mención de montos, él no hace mención absolutamente de nada. No sabemos con cuánto llega y con cuánto se va a ir”, sentenció.